En la vecina orilla se están viviendo las consecuencias del magno y metódico latrocinio. Cae la confianza y el riesgo país ha vuelto a subir a niveles cercanos al año 2015, previos a la elección presidencial, cuando la incertidumbre reinaba.

No se pudo, a pesar de lo mucho que se hizo, impulsar la economía. Contribuyeron a esta situación varios factores; Brasil, el principal socio comercial de Argentina hace 2 años que sufre las secuelas de la corrupción. Ha caído su PBI e intercambio comercial. El Lava Jato trajo serias consecuencias. Argentina va en camino de correr la misma suerte. Se solía decir que las cosas se arreglaban con una buena cosecha. Ya no es tan simple y ciertamente haber tenido este año un mal rendimiento en el campo es un golpe fuerte.

El entorno internacional se ha vuelto complicado; los intereses están subiendo y el crédito externo comienza a escasear. En los tiempos kirchneristas no se invirtió en extracción de hidrocarburos a pesar de tener Vaca Muerta, uno de los yacimientos de gas y petróleo, más grandes del mundo. Les resultaba más conveniente y fácil importar y cobrar diferencias o comisiones. Vinieron cortes por la falta energía eléctrica. El transporte es caro e ineficiente. Los sindicatos y el ambiente laboral son hostiles y los sueldos altos, con baja productividad en rubros importantes, etc.

Ahora, tras los cuadernos del remisero, con empresarios y ejecutivos presos, con varios arrepentidos y con los dueños asustados y en vísperas de declarar, la planificación para desarrollar más actividad económica está claramente debilitada. Lo mismo pasó en Brasil. La prioridad de esta gente es no terminar en la cárcel.

No se puede desconocer que la presión para "recaudar" de parte de los Kirchner debe haber sido tremenda. Para obtener obras o aumentos de precio, no había otra opción que pagar. En mayor o menor medida, los empresarios se sometieron o amoldaron a esta pérfida disciplina. Una práctica que no era nueva tras tantos años de peronismo, que respondía a un sistema perverso que escaló a niveles impresionantes en los gobiernos de los K.

Uno de los problemas es que pagar un soborno importante a un ministro o al presidente (olvidemos quién recoge el bolso) es un resorte exclusivo del CEO, en consulta con el o los dueños. Alegar que de negarse a hacerlo se perdía la licitación, no se obtenía el negocio y la empresa quedaría golpeada o no podría seguir funcionando, es una explicación que puede tener poca receptividad en los tribunales. La investigación judicial ha levantado una horrible nube en el horizonte de muchas firmas y fábricas. Algunas cotizan en el extranjero, así que se trata de una pesadilla desde el punto de vista del delito y en lo personal, un golpe devastador a encumbradas personas y sus familias.

¿Que harán los extorsionadores funcionales al gobierno? La mayoría tratará en lo posible de negar y mentir cada vez que le sea necesario. Se destruirá lo comprometedor. Se amenazará a posibles testigos esperando que pase la tormenta. O quizás tengan la esperanza de poder sobornar a algún fiscal o juez o que se "pierdan" las pruebas. Los que tengan que pasar algún tiempo a la sombra, abrigan el consuelo de que al salir en libertad, "si han hecho las cosas bien", podrán gozar de los millones que han robado y puesto a buen resguardo, en cofres, propiedades, al cuidado de parientes, amigos, testaferros o enterrado o en fideicomisos o empresas "off shore" etc.

Por su parte, de los legisladores respecto de la restitución del latrocinio aún no se sabe qué pensar. Un buen proyecto de Extinción de Dominio, que permita recuperar lo mal habido aún no ha visto la luz. A diferencia con el Brasil donde este aspecto funciona con más rapidez, la Argentina carece de una ley que facilite quitarle al ladrón el producto de su hurto. Por lo tanto, el proceso es engorroso. Hay que acusar a la persona de enriquecimiento ilícito y luego de un proceso legal, tratar de confiscar sus bienes o como alternativa, aplicar multas impositivas por no haberlos declarado o no estar claro su origen. Estos procedimientos urgen ser mejorados, pero es delicado. En manos de un mandatario inescrupuloso esta ley podría convertirse en una herramienta riesgosa. Actualmente hay 4 proyectos sobre este tema, pero algunos muy malos, por el momento cajoneados en el Congreso. Las víctimas son el país y la gente que padece la inflación, que no tiene agua corriente, que sufre accidentes de ferrocarril o en las rutas en mal estado porque la plata se fue en corrupción. La salud pública y la enseñanza se han deteriorado por la misma razón.

Los que fueron extorsionados y los que sobornaron, que también los hay, tienen la opción de arrepentirse, pero el trámite no es simple. La legislación argentina es menos acogedora que la brasileña. Quien quiere arrepentirse para conseguir libertad condicional y eventualmente una pena menor, debe declarase culpable y ayudar en la investigación. El Juez le exigirá delatar hechos o personas. Una vez en el proceso, no conviene negarse a colaborar y es peligroso mentir porque, habiéndose declarado culpable, la justicia lo puede mandar al calabozo. La Argentina se encuentra en una encrucijada de la cual no le será fácil salir.