Julia Rodríguez Larreta
Julia Rodríguez Larreta

Reparaciones a las víctimas

El jueves pasado, entre el fárrago de noticias de tipo electoral, las de la región -un hervidero considerable- y el resto del convulsionado planeta, hubo una de índole local, que despierta la atención.

Basta leer el titular en el diario para darse cuenta de lo que engloba. “Irregularidades en prestaciones a víctimas del terrorismo de Estado”. El diputado nacionalista Martín Lema (404), hace nada menos que 6 meses, hizo dos pedidos de informe. Uno al Ministerio de Salud Pública (MSP) y otro a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE, respecto del cumplimiento de los pagos de las prestaciones a los beneficiarios de una de las leyes de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. Pasaron los 45 días que tenían para responder sin que se produjera respuesta alguna y encima consiguieron una prórroga de 30 días más. Venció el plazo en setiembre y nada le llegó al diputado.

Por su parte el Tribunal de Cuentas se disponía a analizar en la semana, una transferencia de dinero del Ministerio de Economía (MEF), al MSP y a ASSE destinada a abonar las mentadas prestaciones. Pero hete aquí que el MEF reclamó y rescató el expediente antes de que el Tribunal pudiera estudiarlo. Este tenía adjuntado un informe de la Auditoría de la Nación (AIN) del 2018. Según el mismo, el decreto reglamentario de una ley de 2009, amplía ilegítimamente el ámbito subjetivo de personas que reciben estos beneficios, sin reunir las condiciones previstas en la norma. Dice así, “no se puede asegurar que quienes reciben prestaciones sean beneficiarios, ni que las prestaciones pagadas hayan sido efectivamente brindadas y cumplan con la calidad requerida”.

Por un lado, hay dudas sobre si realmente se cumplió con los servicios pagados. A la vez, quedan en evidencia posibles malversaciones, puesto que hay una notoria falta de controles en toda la operativa sin procedimientos competitivos en las adjudicaciones de los prestadores. Frente a este dato, choca profundamente la injusticia absoluta y total para con las víctimas del terrorismo tupamaro. Mientras en 2006 -gobierno de Vázquez- se votó la ley 18.033 que reconoce los derechos jubilatorios y pensionarios de quienes perdieron su trabajo por razones políticas o sindicales en el período febrero 1973 y febrero 1985, en setiembre de 2009 se aprobó otra ley, la 18.596, para la reparación de víctimas del Estado a partir del 13 de junio de 1968 -gobierno democrático de Pacheco Areco- hasta la reinstauración de la democracia en 1985. Ley que fue reglamentada bajo el gobierno de Mujica. Allí se estableció el derecho a recibir atención integral de salud gratuita y vitalicia en el marco del SNIS a las personas amparadas por estas dos leyes, y también todos sus hijos y nietos, biológicos o adoptivos.

Se trata de un drenaje de montos millonarios del erario público que continúa hasta hoy, como se puede percibir con las prestaciones antes mencionadas. Por más que muy lógicas en muchos casos, la rigurosidad respecto de su aplicación, provoca muchas dudas. Una muestra de ello es, por ejemplo, la de una joven que por el solo hecho de haber viajado a Suecia en esos tiempos, aunque fuera raíz de una invitación, sigue hasta el día de hoy cobrando un subsidio de víctima. Y para ser catalogada de tal, salta a la vista que contar con buenos contactos compañeros, hace la diferencia.

El Partido Nacional presentó un proyecto de ley semejante a uno anterior del diputado Daniel García Pintos, para indemnizar a las víctimas y familiares de la violencia ejercida por la guerrilla sediciosa. Tan márti-res como cualquiera, todos ellos. Desde la limpiadora que perdió la vida cuando la voladura del bowling, hasta los soldados que murieron ametrallados en un jeep, mientras custodiaban una residencia. O el desgraciado peón, “ajusticiado” por los tupamaros por haber descubierto casualmente una tatucera cavada en la tierra para esconder armas. Y muchos otros más, entre ellos 14 civiles, pero lo dejaron en el olvido. En contraste con este inaceptable estado de cosas, el tupamaro que le puso la inyección letal no solo está libre, sino que además es beneficiado por las leyes de resarcimiento.

El presidente Vázquez en 2007 había aceptado incluir, hipócrita o sinceramente, no sabemos, un artículo que preveía la reparación familiar de 66 personas probadamente asesinadas por los guerrilleros. Ante el rechazo de la bancada frentista, fue rápidamente eliminado. Hasta el momento, nadie ha sido ni reconocido ni resarcido económicamente. Han sido relegados, como si de seres humanos de segundo orden se trataran, por no ser afines o parte, de la “Orga”.

Es una inmoralidad que se arrastra desde hace décadas. El recordado diputado Jaime Trobo se reunió con Lucía Topolansky cuando estaba interinamente en la Presidencia, en 2017. Le hizo notar la flagrante inequidad de la situación, con la vana esperanza de que el Frente Amplio apoyara una ley que compensara el actual vacío. Pero se encontró con indiferencia y oídos sordos, a pesar de que se autoproclamen como los únicos defensores de los derechos humanos y la igualdad...

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