El martes de la semana pasada, El País informó ampliamente respecto de la observación del Tribunal de Cuentas, sobre el contrato directo realizada por el Ministerio de Vivienda, con el Sunca, el poderoso gremio de la construcción, por US$ 4 millones, para mejoras habitacionales en varios programas sociales del Estado. El sábado, el diario editorializó sobre este hecho, al considerar que se trataba de algo improcedente. En él se hacía notar, no solo el dictamen del Tribunal, sino también el despropósito que significa que los ministerios, (el Mides también lo ha hecho) negocien con el Sunca como si se tratara de una empresa constructora, en lugar de hacerlo con las firmas establecidas en plaza. Un contubernio de roles y negocios para nada aconsejable.

El martes de la semana pasada, El País informó ampliamente respecto de la observación del Tribunal de Cuentas, sobre el contrato directo realizada por el Ministerio de Vivienda, con el Sunca, el poderoso gremio de la construcción, por US$ 4 millones, para mejoras habitacionales en varios programas sociales del Estado. El sábado, el diario editorializó sobre este hecho, al considerar que se trataba de algo improcedente. En él se hacía notar, no solo el dictamen del Tribunal, sino también el despropósito que significa que los ministerios, (el Mides también lo ha hecho) negocien con el Sunca como si se tratara de una empresa constructora, en lugar de hacerlo con las firmas establecidas en plaza. Un contubernio de roles y negocios para nada aconsejable.

También se reflexionó sobre lo inconducente del trabajo del Tribunal, dado que ante sus fallos, lo corriente es que las autoridades no hagan otra cosa que reiterar el gasto, tendencia que viene de largo. En alguna ocasión el organismo cuestionado pide que se revea el fallo, pero si éste se mantiene vuelve a reiterar y el documento del T.C.R. pasa a la Asamblea Legislativa y queda allí arrumbado. Sin embargo, hoy podemos congratularnos por una excepción a esta mala costumbre. El lunes, el Ministro de vivienda, Francisco Beltrame, comunicó que el convenio que se estaba por firmar con el Sunca, no se llevaría a cabo.

Quiere decir que al menos por esta vez, el estudio del Tribunal de Cuentas fue tomado en cuenta. Más allá de comentar lo frustrante de su tarea, decíamos el sábado, que el logro está en que gracias a sus análisis se toma conocimiento de episodios incorrectos en la órbita del Estado. Asuntos que de otra manera quedarían en la obscuridad. Para que esta información produzca impacto, para que un amplio sector de la ciudadanía pueda tener consciencia de lo que acontece y llegue a existir una presión de condena en la sociedad, en particular en el sector político, hay otro factor clave. El periodismo independiente. La libertad de expresión es indispensable como contralor democrático y esta situación bien puede ser ejemplo de esta verdad. La prensa libre es crucial para la vigencia de los valores democráticos y republicanos. Por ese motivo, los gobiernos populistas y autoritarios que abundan en nuestro continente, la amenazan, la persiguen y buscan la manera de amordazarla, hasta llegar al extremo de su completa extinción con dictaduras como la Castrista en América Latina o la lejana de Corea del Norte.

Sin embargo, esta novedad positiva no alcanza para cantar victoria. Basta con recordar las múltiples resoluciones que han sido ignoradas por los responsables de la administración frenteamplista en los últimos tiempos, demostrativos de una total falta de respeto por las reglas del Estado. Además de que la mayoría oficial en ambas cámaras, siempre se utiliza para frenar cualquier investigación exigida por la oposición, como ha ocurrido con Ancap, con ASSE o con Pluna. El gobierno “honrado” que con soberbia prometía el FA, se ha dedicado a barrer bajo la alfombra.

Las múltiples fallos adversos dan una idea del tipo de gestión en los gobiernos del Frente Amplio. Después de la reforma de la salud de Vázquez, respecto de la cual afirmaban que la atención pública iba a mejorar drásticamente, lo que sí hubo fue un gran aumento de recursos para ASSE, a partir de la creación del Fonassa. Al mismo tiempo, el 90% de los contratos de servicios de los hospitales con empresas tercerizadas generan problemas - recordemos la empresa de limpieza en el Maciel de la esposa de Fernández Huidobro, orquestada por el director representante del sindicato, Alfredo Silva- y han sido observados por el TCR. La información colgada en la web informa sobre 45 observaciones entre el 2008 y el 2012, excepto una que es del 2003.

La sentencia lapidaria contra el Antel Arena, una aventura millonaria proyectada por su Presidente, Carolina Cosse, aplaudida por la Intendencia capitalina y apoyada por el gobierno, no la detuvo. Aún cuando desde hace tres años el Ente ha tenido resultados operativos negativos que se explican por inversiones como el Arena, el crecimiento del gasto corriente y el tendido de fibra óptica. Una inversión que podría haberse no obviado, pero sí disminuido sino hubiera prevalecido la intención de que Antel monopolice el servicio del triple play. La razón de que no se aprovechara el cableado de cobre ya existente, ofrecido por las cableoperadoras, para contar con un sistema mixto, como hay en tantos otros países. También para Pluna hubo llamados de atención desconocidos por las autoridades, por ejemplo, con la enorme fianza a Pluna S.A. Un dato más del escandaloso affaire. Y además, en muchas ocasiones el Tribunal ni siquiera puede actuar por no recibir suficiente información, caso de la Corporación para el Desarrollo o Agolan, la textil hoy recuperada para una cooperativa obrera, que ya le ha costado al Estado y a todos nosotros, US$ 20 millones, entre deudas y pérdidas. Encima hay unas 7O empresas en la órbita estatal, fuera del control del TCR.