Julia Rodríguez Larreta
Julia Rodríguez Larreta

Legítima defensa

La importancia de la separación de los tres poderes del Estado, el Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, como soporte de los principios republicanos de gobierno es bien apreciada en las democracias occidentales.

Por más que parezca de Perogrullo, no es posible obviar la transcendencia que la justicia tiene en cualquier sociedad civilizada. Un valor ligado a ella por un vínculo tan sutil como potente. Por lo tanto, no es saludable y sí preocupante, que el escepticismo respecto de la justicia crezca, por distintos motivos, al tiempo que el descreimiento en su accionar se expande entre la gente que vive bajo la ley.

Se trata de un fenómeno pernicioso que va cobrando fuerza y se extiende más o menos silenciosamente en el Uruguay de hoy, en que la ciudadanía no solo está angustiada, disconforme y desalentada, sino asustada e indignada ante la incapacidad de la policía y del gobierno, para derrotar a la delincuencia. Los representantes de la justicia y el ministerio público, a su vez, van cayendo en el descrédito a raíz de resoluciones y fallos en este campo que van en desmedro de la confianza hacia dicha institución. Contribuyen a este negativo estado de cosas, hechos como el del comerciante recientemente condenado por homicidio intencional y delito de porte y tenencia de arma, tras haber dado muerte a uno de los asaltantes de su estación de servicio. Son decenas los comercios de este tipo asaltados un día y otro, por lo que en la actualidad se ha vuelto un trabajo peligroso. La víctima del robo tendrá que purgar una pena de un año y un mes en la cárcel y tres años y cinco meses en libertad vigilada, tras el juicio reducido, acordado con la defensa. La Fiscal Mónica castro entendió que no fue un caso de legítima defensa. Que no hubo agresión por parte de los rapiñeros, aunque entraron armados, inmovilizaron a los dos empleados para hacerse del botín y a medida que se marchaban apuntaban a uno de los pisteros, según lo dicho por ella misma. De acuerdo al parte, quien murió recibió una perdigonada en el pecho, no en la espalda. Dato que contradice el argumento de que el malhechor no podía haber amenazado al propietario, porque nunca lo vio.

Ante la condena a este hombre por actuar en defensa de lo suyo, el ex profesor emérito de Derecho Penal de la Universidad Católica y prestigioso penalista, Amadeo Otatti, opinó que “jueces y fiscales suelen hacer una lectura incompleta de los elementos habilitantes del eximente de responsabilidad penal, lo que restringe erróneamente su ámbito de aplicación. La fiscal pudo perfectamente haber considerado que el causante de la muerte había actuado en legítima defensa y en consecuencia no había cometido delito alguno. Incluso, hasta pudo haber entendido que actuó en defensa de terceros”. “Comprobada la existencia de una agresión ilegítima, la respuesta de la víctima se analiza tomando en consideración solamente si fue para repeler, sin advertir que conforme al artículo 26 del C.P. ella pudo también ser empleada para impedir el daño económico causado por la rapiña después de un duro día de trabajo”. Dice la ley, “Se hallan exentos de responsabilidad el que obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro”.

Pero para Mónica Castro (El País, jueves pasado), “la legítima defensa refiere a valores fundamentales como la vida y no solo económicos.” “La sociedad no puede estar dividida entre buenos que trabajan y malos que atacan”.

Se dirá que las leyes se hacen en el Parlamento y son los legisladores los primeros responsables de lo que luego ocurre en los tribunales dado que hay que atenerse a lo que dice la legislación. Es cierto que hay leyes con errores, mal enfocadas, poco precisas y leyes simplemente mal hechas. Pero también mucho depende de quien interpreta y cómo, el articulado. La suerte del juicio pende del magistrado y con el nuevo CPP, mucho de la fiscalía.

A pesar del tiempo que llevó la elaboración del Nuevo CPP, la sensación generalizada es que sus supuestos beneficios dejan mucho que desear. Por un lado, una reciente reunión a puertas cerradas en la SCJ fue indicativa de serios problemas con el sistema electrónico introducido. Al mismo tiempo, ha habido una notorio aumento de los juicios abreviados. A juicio oral, variante introducida con el nuevo código, ha llegado nada más que un 3% del total de los casos, mientras que para el resto, los fiscales, que han pasado a ser los encargados de la investigación en vez de los jueces, eligen preferentemente las vías alternativas y negocian con la defensa. Al punto que ahora el Fiscal General pretende crear una unidad de litigación para apoyar a los fiscales porque, (ahora se da cuenta) para esta instancia carecen de experiencia. Estas vías alternativas han significado penas menores y abundan las libertades vigiladas. Pero ocurre, igual que con quienes son enjuiciados por violencia doméstica, que luego no hay suficiente personal para cumplir con las tareas de vigilancia. La falta de recursos de la Oficina de Supervisión (OSLA) bajo la órbita del Ministerio del Interior, produce una grave inoperancia. Si en 2018 hubo 400 homicidios y 200.000 rapiñas, el panorama para el 2019 pinta aún más negro, ya que desde la cartera (Bonomi impulsó esa ley del 2016) se ha dicho que hay miles en condición de acceder pronto a la libertad vigilada. Oscuro panorama.

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