Julia Rodríguez Larreta
Julia Rodríguez Larreta

Justicia y gobierno

Unas semanas atrás ya se escribía en esta columna sobre una de las estrategias del gobierno argentino para incidir en la justicia, a través del nombramiento de 300 conjueces, para integrar los estrados judiciales, desde la Suprema Corte para abajo.

Unas semanas atrás ya se escribía en esta columna sobre una de las estrategias del gobierno argentino para incidir en la justicia, a través del nombramiento de 300 conjueces, para integrar los estrados judiciales, desde la Suprema Corte para abajo.

Lo preocupante del hecho es que gran parte de ellos son gente vinculada con el poder, con falta de mérito para el cargo, muchos sin siquiera haber rendido los exámenes exigidos por la Constitución. Esta semana, el kirchnerismo apuró la aprobación de los pliegos para los conjueces de 11 tribunales en todo el país. Entre ellos hay funcionarios de notoria relación con el oficialismo, incluidos los apuntalados por gobernadores K, como el de Paraná, el de Formosa, el de Tucumán, y el de Resistencia, tierra del Jefe del Gabinete Jorge Capitanich. Si bien la oposición los rechazó en bloque, hubo 36 votos afirmativos y 23 en contra.

Al mismo tiempo, dos diputadas nacionales denunciaron públicamente que había una operación en marcha para apartar al Juez Ariel Lijo de la instrucción de la causa contra Amado Boudou dentro del caso de la imprenta Ciccone, que lo tiene a mal traer, ya que cada vez va quedando más expuesta su vinculación.

Sería ésta una manera de impedir que el magistrado citara a declarar a los socios de Boudou y al mismo vicepresidente. El Juez Lijo había rechazado en su momento, el planteo hecho por el abogado de Boudou para que se anularan los testimonios de Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick, y a fines del año pasado les tomó declaración testimonial. Los susodichos afirmaron que Boudou había tenido que ver en el levantamiento de la quiebra de Ciccone y también denunciaron haber recibido amenazas por parte del socio y amigo del vicepresidente, José M. Carmona. El defensor de Boudou, a raíz de lo sucedido apeló ante la Cámara Federal, la cual podría aceptar su pedido y llegar hasta a apartar a Lijo, bajo ciertos argumentos. Se da la coincidencia de que es la misma Sala I que sacó de esta causa a su juez original, el magistrado Daniel Rafecas, en abril del 2012.

Sin embargo, el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema acaba de anunciar que el vicepresidente, quien protagonizará un hecho inédito, deberá ir a declarar como imputado ante la justicia, el 15 de julio. El Juez Lijo -rápido de reflejos- consideró procedente la indagatoria al sospechar que "Boudou aprovechó su condición de funcionario público para favorecer a la empresa". Se supone que junto con su amigo Carmona, el entonces Ministro de Economía de Kirchner, habría adquirido a la quebrada Ciccone Calcográfica a través de una sociedad donde figuraba Alejandro Vanderbroele y otros, con el fin de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial.
De darse el apartamiento del juez Lijo, se estaría ante una situación similar a la sucedida con el fiscal José María Campagnoli que actuaba en la causa de Lázaro Báez, el empresario santacruceño muy ligado a Kirchner, que quedó al descubierto tras las investigaciones periodísticas de Jorge Lanata. Campagnoli fue separado de su fiscalía de instrucción en diciembre pasado, a instancias de la Procuradora Alejandra Gils Carbó, una persona notoriamente instrumental al Ejecutivo. La primera audiencia de su juicio político la realizó el Tribunal de la Procuración Nacional el 20 de mayo, a la vez que han desarmando al equipo que trabajaba con él. En caso de ser destituido, supuestamente por haberse excedido en su celo, el fiscal ya anunció que recurrirá ante la Corte Suprema.

Otro aspecto concerniente a la justicia, es el actual debate sobre un polémico anteproyecto de nuevo Código Penal impulsado por el gobierno, en cuya elaboración ha estado Raúl Zaffaroni, uno de los integrantes de la Corte Suprema que habitualmente coincide con las posturas del gobierno, junto a un grupo de especialistas.

Uno de los cambios más discutidos es la eliminación de la reincidencia mudando el actual criterio de ser más severo con quien vuelve a violar la ley. El máximo tribunal acaba de declarar constitucional la reincidencia, con los 5 votos presentes. Zaffaroni estaba de viaje. Un mensaje de peso para los legisladores.

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