Julia Rodríguez Larreta
Julia Rodríguez Larreta

De jueces y tarifas

El jueves pasado ocurrió en la Argentina un hecho de fuerte trascendencia para el joven gobierno de Mauricio Macri, que no ha llegado todavía a cumplir un año en el poder. La resolución de la Corte Suprema de Justicia ordenando dejar sin efecto la suba de tarifas de gas para los usuarios residenciales hasta que se realicen audiencias públicas, mientras las de la electricidad están por verse.

El jueves pasado ocurrió en la Argentina un hecho de fuerte trascendencia para el joven gobierno de Mauricio Macri, que no ha llegado todavía a cumplir un año en el poder. La resolución de la Corte Suprema de Justicia ordenando dejar sin efecto la suba de tarifas de gas para los usuarios residenciales hasta que se realicen audiencias públicas, mientras las de la electricidad están por verse.

Bajo la engañosa puesta en escena orquestada por su predecesora, Cristina Fernández, gran parte de la sociedad argentina ha estado muy lejos de aquilatar la desastrosa situación en la que se halla el país. Gracias a la artificial holganza derivada de los ridículos precios de la energía y demás servicios, especialmente en Capital y Buenos Aires y provincias amigas, como parte de una estrategia que apuntó a estimular el alto consumo y tener a la gente de buen humor hasta las elecciones. Ocultando el costo que esta política acarreaba consigo y escondiendo los verdaderos índices del déficit fiscal, de la inflación, de la pobreza y mintiendo sobre el real crecimiento del país.

Con estos elementos se armó la bomba que a punto de estallar, recibió el nuevo Presidente, a quien no le queda otra que desactivarla tratando de que la explosión no cause estragos fatales, rodeado como está, de una población con inclinación a pensar que bomba no hay. Solo falsas alarmas. Por otro lado, no cualquiera puede lidiar con estos mortíferos aparatos. Para poder hacerlo se requiere un conjunto de habilidades y destrezas. Entre ellas la de orden político. A los operarios convocados para desarmar el explosivo no les falta capacidad técnica y son seguramente mucho mejor preparados que la mayoría de sus antecesores. Pero tan convencidos están de que trabajan con seriedad y las cosas las hacen bien, que piensan que los resultados finales hablarán por ellos. Y ahí radica uno de sus problemas. No explicar lo suficiente. No ser capaces de hacerle entender a la gente, que en el fondo no tiene ningún interés en saber la verdad, por qué no se puede seguir pagando chauchas y palitos por el gas, la electricidad, el agua, y continuar con el despilfarro alimentado por no tener que preocuparse por la cuenta a fin de mes.

Con la reciente sentencia el gobierno ha quedado obligado a convocar a audiencia pública. Cosa que el ejecutivo quiso obviar, por considerar que no había obligación de hacerlo. Sin embargo, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sí lo hizo en su provincia, antes de aumentar la electricidad. ¿Y estos encuentros públicos en que consisten? Son esencialmente informativos. Se oye a las dos partes, una presidida probablemente por un directivo de Enargas, la entidad reguladora estatal y por el otro, un abogado que habrá sido elegido por la gente. Una vez terminado el intercambio y el debate, habrá algún veredicto que no es vinculante.

Este fallo no debería sorprender demasiado, aun cuando haya sido por mayoría, teniendo en cuenta que el tribunal tiene en su integración a tres magistrados peronistas. Su presidente Lorenzetti, Maqueda y el nuevo integrante Rosatti, con peso suficiente como para influir en las consideraciones. Si bien en la redacción del texto se preocuparon por dejar explícita su desaprobación a la política energética del gobierno anterior. A la vez, uno de los aspectos más llamativos de la resolución ha sido el introducir en la misma, la modalidad del “class action”. Una práctica usual en el derecho anglosajón pero no en la Argentina, que Lorenzetti ya había iniciado en algún caso anterior. Se abarca con el dictamen a todos aquellos con dificultades para poder litigar, a diferencia de los que sí pudieron promover la acción que llevó finalmente al gobierno, a recurrir a la Corte.

Si bien es un golpe duro para el plan del gobierno lo sucedido, que habrá de aumentar el déficit fiscal y tendrán que ver de dónde sacan el dinero para compensar lo que no entrará, ya sea vía endeudamiento, emisión o impuestos, los consumidores residenciales beneficiados solo representan el 26% del subsidio que el gobierno aspiraba a reducir. Equivalente a 1200 millones de dólares, mientras las tarifas comerciales e industriales se mantuvieron. Pero esto no quiere decir que no persista la incertidumbre, porque la razón para que los jueces no las hayan incluido, no quiere decir que estén de acuerdo con la decisión gubernamental, sino que no pertenecían al sector que reclamó. Así que las Pyme, que son muchísimas, podrían exigir ser parte de ese universo considerado como sin probabilidades de ir a juicio.

El gobierno aparentemente creía que se venía lo de las audiencias, pero se convalidarían los aumentos. Señal de que la independencia de los poderes en esta Administración existe. Algo que fue remarcado por el jefe de gabinete, Marcos Peña, al decir que el cambio que se produjo en la Argentina es que se respetan las instituciones.

Y en estos tiempos en que la justicia ha empezado a actuar con una llamativa mayor diligencia en las denuncias de corrupción, la Corte Suprema habrá visto que con este veredicto se envía un mensaje de independencia y ecuanimidad.



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