Julia Rodríguez Larreta
Julia Rodríguez Larreta

Ancap a su servicio

Hacer oposición cuando el gobierno de turno siempre se impone con sus mayorías en el Parlamento, no es cosa sencilla. Esta situación que empezó a darse con el primer gobierno de Vázquez, continuó con el de Mujica y se repite en este tercer período en manos del Frente Amplio.

Hacer oposición cuando el gobierno de turno siempre se impone con sus mayorías en el Parlamento, no es cosa sencilla. Esta situación que empezó a darse con el primer gobierno de Vázquez, continuó con el de Mujica y se repite en este tercer período en manos del Frente Amplio.

Qué quiere decir esto del Frente Amplio exactamente, es otro cantar, ya que como dijera Luis Alberto Lacalle en su reciente columna, hoy parece ser el brazo político del PIT CNT, cuando no, un campo de dura batalla interna.

Lo que si está bien claro, es lo difícil que es actuar en consecuencia para quienes están en la oposición en semejantes circunstancias. Las interpelaciones han sido una de las pocas herramientas con las que se ha podido ejercer alguna presión, aunque jamás se haya logrado voltear a un ministro. Por más buenas razones que hubiera para ello y por más expuesto que haya quedado su mal desempeño. Esa misma barrera la encontró la oposición al momento de pretender nombrar una comisión investigadora en todos estos largos años, hasta que por fin, milagrosamente, hubo eco en el oficialismo y se pudo organizar la indagación sobre Ancap, integrada por siete legisladores, cuatro frentistas y tres opositores. Lo que ha salido a la luz gracias a la iniciativa cuyo miembro denunciante es Alvaro Delgado (José Carlos Cardoso quedó fuera tras su trágico accidente, así que hoy la integran Saravia, Mieres y Bordaberry) es un escándalo. Ha quedado en evidencia el porqué siempre se negaban a cuanta propuesta de investigación se les planteara, aparte de que sea difícil saber a ciencia cierta, la razón de que en esta instancia se haya aceptado la propuesta. Algunos, tan seguros de su omnipotencia, habrán creído que no había ningún riesgo y otros, puede que tuvieran sus propios motivos.

Si esta auditoría legislativa que se votó con fecha fija de cierre -18 de diciembre- podrá tener consecuencias penales, está por verse. Es necesario tener pruebas muy concretas para hacer una denuncia ante la justicia y a diferencia de lo que pasaría si el gobierno fuera de otro color político, en los sectores oficialistas y no solo ahí, es como si en todo este desorden no hubiera ni atisbos, de corrupción. Solo se trata de incompetencia (que abunda) y lo que le costarán al país y a sus habitantes las burradas cometidas, es peccata minuta.

Más allá de que a una buena parte de la población le resulte indignante enterarse de la manera dispendiosa e irresponsable en que dirigentes políticos que actúan con total soberbia, como si supieran algo de lo que es manejar una empresa, acompañados por el cuerpo gerencial a su alrededor, hayan estado tirando por la ventana, enormes sumas de dinero ajeno. Con una falta de seriedad impresionante y la dadivosidad de quien nunca tendrá que rendir cuentas ni tiene miedo alguno de fundirse, ya que no está en juego su capital.

Hasta llegar al colmo de poner en la quiebra a una empresa monopólica que fija los precios que se les ocurre a sus directivos, sin tener en cuenta otra cosa que sus intereses políticos. Y en eso sí, que han logrado sus objetivos (Julio Preve dixit) pues de ahí fueron catapultados el actual vicepresidente Sendic, el actual intendente Martínez, (que fue quien comenzó con la debacle de Ancap y hasta el momento ha ido zafando) y el hoy senador De León proveniente de Alur, otra de las ruinosas empresas bastardas de la reina madre .

No les ha importado en los más mínimo lo que esto representa como carga para el despegue productivo de este país que debe trabajar pagando los combustibles más caros de la región. Una empresa a la que ahora se va a capitalizar en cerca de unos 800 millones de dólares porque nadie puede ni siquiera pensar en cerrarla, la cual ostenta un pasivo total de US$ 2.200 millones. Con dinero que sale del ministerio de Economía, aunque en realidad es del bolsillo de todos. Para salvar a un monopolio que ni razón de ser tiene, pues para qué necesita Uruguay, que carece de petróleo, una costosísima e ineficiente refinería si sería mucho más barato y eficiente importarlo. El precio de gasoil de Ancap es un 31% más caro y la nafta un 10% que si se importara.

Y ni que hablar de las ruinosas cementeras, las perdidosas caleras, el ingenio de Alur para producir no se sabe qué; azúcar, un producto no viable económicamente o un biodiesel que Ancap compra luego a un precio mucho mayor al de plaza, que viene a ser parte del alto costo uruguayo que ahoga a los productores agropecuarios, a los automovilistas, a los que trabajan en el transporte, algunos de los cuales reclaman subsidios para poder operar y cuyo metálico sale a su vez, del esfuerzo impuesto otros trabajadores vía las cargas fiscales.

La puesta en marcha de la indagatoria ha permitido que la ciudadanía conozca un poco mejor el actuar de quienes conducen el país, aunque se trate solo de la punta del iceberg. Es más que probable que los abusos y el desmanejo exista en muchos otros lados. ¿ Acaso OSE no era la custodia de nuestra prestigiosa agua potable? ¿Asse el garante de la salud? ¿Y Antel y UTE y la regasificadora, y la Central de tiempo Combinado y la exagerada inversión en fibra óptica y la calamitosa Enseñanza Pública?

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