Todavía falta un año, pero ya se nota que “las aguas bajan turbias” para la Presidente Cristina Fernández. A diferencia de lo que solía suceder en ciertos ámbitos de la justicia, cuando rápidamente se mandaban archivar causas sospechosas como la de enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner por parte del juez Oyarbide, hoy los jueces y fiscales parecen bastante más dispuestos a investigar los casos de corrupción.

Todavía falta un año, pero ya se nota que “las aguas bajan turbias” para la Presidente Cristina Fernández. A diferencia de lo que solía suceder en ciertos ámbitos de la justicia, cuando rápidamente se mandaban archivar causas sospechosas como la de enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner por parte del juez Oyarbide, hoy los jueces y fiscales parecen bastante más dispuestos a investigar los casos de corrupción.

Será que hay rescoldos en la magistratura donde la ética y la rectitud persisten o será el efecto del “lame duck” (el pato herido), como dicen los anglosajones de los mandatarios a los que se les termina el mandato. Por ende, su poder.

Si bien con el peronismo es difícil que llegue el merecido castigo. María Julia Alsogaray, quien justamente no era de esa raigambre política, es un buen ejemplo de ello. Fue prácticamente la única funcionaria penada judicialmente, aunque haya sobrada consciencia de que no fue la única persona venal que pasó por el gobierno de Menem.

El mismísimo presidente Menem, es una suerte de excepción, dado que finalmente fue alcanzado, por el bien llamado en este caso, largo brazo de la justicia. Aunque no haya sido por mucho tiempo, claro está, pero aun tiene otros juicios pendientes y mientras tanto, se ha convertido en un obediente parlamentario que siempre ayuda al gobierno con su voto cuando hace falta.

No debe resultar grato recordar en el entorno de la residencia de Olivos, que aquella causa originada en un denuncia por tráfico de armas, que fuera presentada cuando Carlos Menem acababa de ser reelecto en el 92, varios años después, (la justicia a veces demora mucho y otras no tanto) lo llevara a varios meses de reclusión domiciliaria en el 2001.

Y el fiscal en esa oportunidad fue Carlos Stornelli, el mismo que formuló el requerimiento de instrucción ante el Juez Claudio Bonadío, ante la denuncia de la diputada Stolbizer, Manuel Garrido y Graciela Ocaña, contra la Presidente y el ministro de Justicia, Julio Alak, según informara Clarín. Así fue que se allanó la firma Hotesur que controla al Hotel Alto Calafate, con el fin de averiguar si su funcionamiento ha sido ilegal, gracias a complicidades del sector gubernamental, se apunta al la Inspección General de Justicia (IGJ). Si bien desde siempre se sabe que dicho hotel era de los Kirchner, lo mismo que otros varios en la zona, desde que éste murió no se conocen las autoridades de la compañía. Hasta fines del año pasado, fue regenteado por una empresa de Lázaro Báez, quien está acusado de lavado de dinero. En Suiza le acaban de descubrir una cuenta secreta de una fundación a su nombre, que ha sido bloqueada, a la cual en el 2012, le entraron 15 millones de dólares.

Es que no solo la justicia argentina está escudriñando fondos supuestamente originados en corrupción, sino también los sabuesos de los fondos “buitres” están descubriendo la ruta del dinero K. Buscan poder cobrarse si se demuestra que hay dinero proveniente del Estado.

Algo parecido a lo que ocurrió en el 2008 en el Congo. De esa forma, consiguieron que al final su presidente, Dennis Sassou-Ngueso, después de 10 años de su persistente trabajo, accediera a pagarles lo que les debía.

Este clima coincide con el reciente quebranto de salud de la Presidente y también con los esfuerzos del oficialismo por que la mayoría oficialista apruebe el nuevo Código Procesal Penal. El que bajo consignas muy compartibles como tratar de agilizar el funcionamiento de la justicia, esconde más de un cangrejo debajo de la piedra, como lo han señalado distintos actores de la oposición, quienes advierten sobre la intención de controlar la acción judicial y asegurarse la tranquilidad en el futuro. El líder radical Ernesto Sanz alerta, por ejemplo, sobre el artículo que limita la revisión de la condena solo a una solicitud del condenado, para él una maniobra para asegurarse la impunidad.

Por otra parte, en un acto de sorprendente unidad, los distintos bloques opositores se comprometieron a frenar cualquier intento del gobierno de poner un juez favorable en la Suprema Corte, tras la partida de Eugenio Zaffaroni en enero.