Acontecimientos recientes demuestran que, a veces, es necesario repetir lo que pensábamos era obvio.

La política exterior de nuestro país debería ser una política de Estado. Para ese fin necesitaría reunir tres características fundamentales: responder a la historia y los intereses reales y materiales del país; residir sobre un amplio consenso entre todos los partidos políticos; y cristalizar una visión de largo plazo, hacia el pasado y hacia el futuro.

La Cancillería ha aplicado políticas de Estado en algunos asuntos clave. Por ejemplo, en el caso de las negociaciones con la Unión Europea.

Pero, en otros temas importantes el gobierno se separa deliberadamente de aquel consenso fundamental.

Su posición en el caso boliviano no representa una política de Estado. Es el producto de una visión de partido.

Es una política equivocada porque no está fundada en una visión objetiva de los hechos y de los intereses nacionales. También es errada desde el punto de vista estratégico.

El gobierno profesa una visión parcial y selectiva de lo sucedido en Bolivia. Una verdad a medias.

En la reciente Reunión del Consejo del Mercado Común de Mercosur que tuvo lugar en Brasil la semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que el “presidente constitucional Evo Morales fue obligado a renunciar a su cargo, lo que provocó un quiebre institucional que representa una ruptura del orden democrático”. Esta afirmación divide artificiosamente dos elementos inseparables de la crisis boliviana: el fraude electoral perpetrado por Morales para perpetuarse en el poder y la reacción de los ciudadanos que salieron a la calle

Para defender el orden democrático amenazado. En estos días se conoció el Informe final de la auditoría de las elecciones elaborado por los técnicos de la OEA. Esta parte de la verdad no parece haber existido para la cancillería uruguaya.

Es igualmente lamentable que el ministro de Relaciones Exteriores se haya referido “a las autoridades de facto bolivianas”, cuando, en realidad, el Poder Legislativo de Bolivia consiguió mantener una continuidad institucional a pesar de la grave crisis causada por Morales. ¡Qué contraste con sus ingeniosos malabarismo conceptuales para evitar calificar de dictadura a Venezuela!

Como si lo anterior no fuese suficiente, además está el mal manejo político de la situación.

El Consejo Permanente de la OEA aprobó el 20 de noviembre una Resolución sobre la situación en Bolivia en la que llamó a las autoridades de ese país a convocar urgentemente elecciones y urgió a los actores políticos a cesar la violencia. La Resolución fue aprobada con 26 votos a favor (incluyendo Argentina, Brasil, Paraguay, Canadá, Chile y Perú). El Uruguay no solamente se abstuvo (junto con Barbados, Surinam y Trinidad y Tobago), sino que insistió en agregar una nota totalmente innecesaria al pie de la Resolución.

En la reunión del Mercosur la semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores pidió que se inicien los mecanismos previstos en el Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático para el caso de Bolivia. Ello, sabiendo que esa propuesta no puede prosperar porque no cuenta con el apoyo de Brasil y Paraguay. Fue una propuesta inútil.

No solo dicen verdades a medias, sino que no les importa que nuestro país quede aislado de la mayoría de la región.