Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

Venezuela en la Corte Penal

El 27 de setiembre, seis países americanos (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) remitieron al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en la Haya, una solicitud de investigación referente a la situación en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.

El fundamento jurídico de la presentación es el artículo 14 del Estatuto de Roma de la CPI. Como dice el documento presentado por los seis gobiernos, su propósito es determinar "si una o más personas específicas" deberían ser acusadas de haber cometido algunos de los "crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto" previstos en el Estatuto. El documento invoca informes elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, el panel de expertos internacionales independientes designado por ese Secretaría General, y el informe de junio de este año del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Una de las características más importantes del Estatuto de Roma es que su acción no es contra un Estado determinado, sino contra personas específicas autores de las conductas delictivas y su cadena de mando.

Esta es la novena remisión que ha recibido el Fiscal de la CPI desde que entrara en vigencia el Estatuto de Roma, el 1° de julio de 2002. Lo que distingue a esta acción es que, por primera vez, la remisión es realizada por un grupo de Estados sobre una situación en el territorio de otro Estado. La Fiscal de la CPI ya había comenzado, por su iniciativa, un examen preliminar sobre la situación en Venezuela para analizar las acciones del Gobierno de ese país desde, por lo menos, abril de 2017. Esta investigación está en proceso. Ahora se suma la remisión realizada por los seis países americanos.

Las acciones iniciadas en base al artículo 14 del Estatuto de Roma son preliminares. Este artículo dispone que "Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas". La oficina del Fiscal deberá ahora evaluar y analizar en forma independiente la información disponible para resolver si ella "constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte".

Se trata, entonces, de un proceso que puede tomar mucho tiempo. Entretanto, la dictadura bolivariana continúa destruyendo las instituciones, la sociedad y la economía venezolanas. Como dice el título del informe del Alto Comisionado: "Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin".

El subsecretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, preguntado si se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, respondió: "No estamos en condiciones de responder esa pregunta, si lo tuviéramos claro lo plantearíamos". Muy sabio, siempre es mejor no preguntar porque quien pregunta suele obtener respuestas.

Por algo el Uruguay no fue consultado por los seis países ni ha participado en esta instancia.

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