El jueves asumirá nuevamente la presidencia de Venezuela el actual presidente, Nicolás Maduro. Su mandato se extenderá hasta el 2025. Ha conseguido el objetivo esencial de los gobiernos del progresismo real: eternizarse en el poder. Lo mismo que está buscando el presidente boliviano, Evo Morales.

Las elecciones presidenciales venezolanas del año pasado fueron una suma de irregularidades. Los números son reveladores. La cantidad total de votantes habilitados era 20,5 millones de personas. De acuerdo a las cifras oficiales votaron 9,3 millones y Maduro resultó electo con 6,2 millones de votos, el 68 % de los votos emitidos. El problema es que el Consejo Nacional Electoral venezolano es un satélite del Poder Ejecutivo y su credibilidad se mide en números negativos. Según fuentes no gubernamentales solamente votaron 3,6 millones. Ello habría significado una abstención de más del 80 %. La legitimidad de esas elecciones ha sido puesta en duda por numerosos organismos internacionales y gobiernos.

Una cosa es la legalidad formal de una elección y otra muy distinta su legitimidad material. La legitimidad de un acto electoral no depende solamente de la forma, sino también de la realidad material antes, durante y después del acto electoral. Algo que parecen preferir ignorar los amigos explícitos o implícitos de esa dictadura.

En el caso las elecciones venezolanas han existido tanto una ilegalidad formal como una ilegitimidad material.

Así lo demuestra la valiente declaración de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela divulgada en estos días, con el título “El despotismo apunta a la disolución de la República”. El documento se divide en cuatro secciones principales: “Contra la dictadura y por la libertad”, “La consolidación del Estado forajido y la realidad de un Estado fallido”; “Por el rescate del alma nacional”; y “La alternativa ante la consumación del fraude del 10 de enero”.

La declaración afirma que “la sistemática violación de la Constitución... se ha magnificado por los actos de usurpación que socavan al Estado de Derecho y al Régimen de Libertades Públicas, lo que ha implicado una derogatoria material del Texto Fundamental”. Ha existido una “práctica de manipulación y desconocimiento de la voluntad popular mediante el fraude continuado, selectivo y masivo que afecta todos los procesos electorales convocados bajo la vigencia de la Constitución de 1999”. El Consejo Nacional Electoral ha obstaculizado el ejercicio de la soberanía popular y los procesos electorales.

El daño causado ha sido inmenso: “Estamos en presencia de un daño profundo por estos años de depredación, barbarie y de oscurantismo que rebasa lo material”.

La próxima juramentación del Maduro, sostiene, es la consumación del fraude electoral y la consolidación de la ilegitimidad de los usurpadores.

Ante ello la Cátedra propone un conjunto de acciones que incluyen pedirle a la comunidad internacional que tome “las imprescindibles medidas que permite el Derecho Internacional Humanitario así como aquellas dirigidas a eliminar la situación de riesgo y conflictividad que derivan de una permisiva relación con la dictadura usurpadora que ha destruido Venezuela”.

Dime qué opinas de Venezuela y te diré que piensas para nuestro país.