Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

Más vale tarde...

En estos días se produjeron dos acontecimientos que sugieren un cambio clave en la actitud de la comunidad internacional respecto a la cleptocracia venezolana y sus esfuerzos para eternizarse en el poder.

A principios de febrero, la fiscal de la Corte Penal Internacional anunció que había resuelto iniciar un examen preliminar de la situación en Venezuela. Esta decisión había sido tomada después de completar una revisión "cuidadosa e imparcial" sobre alegaciones de crímenes cometidos por el Estado venezolano desde abril de 2017.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue aprobado en 1998. El tratado ha sido suscrito por 139 Estados y ratificado por 123. De este total, 28 son países latinoamericanos o caribeños. Venezuela fue uno de los primeros en ratificar el acuerdo, el 7 de junio de 2000.

El procedimiento de la Corte distingue entre la investigación preliminar (como en este caso) y la investigación formal de determinados hechos. La primera es un procedimiento inicial que tiene como finalidad determinar si existe un fundamento razonable para avanzar a la etapa de investigación de acuerdo a lo establecido en el artículo 53 del Estatuto de Roma.

Independientemente de la conclusión final del proceso, la sola circunstancia de que el fiscal de la Corte Penal Internacional considere que existen fundamentos para una investigación, aunque sea preliminar, revela la gravedad de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela por parte del madurismo.

El 23 de febrero, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos resolvió, por amplia mayoría, "exhortar al Gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales y presente un nuevo calendario electoral". Ello, con el propósito de hacer "la realización de elecciones con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble, que incluya la participación de todos los partidos y actores políticos venezolanos sin proscritos de ninguna clase". También se exhorta al Gobierno venezolano a permitir la participación de "observadores internacionales independientes, acceso libre e igualitario a los medios de comunicación, y con un Consejo Nacional Electoral cuya composición garantice su independencia y autonomía y que goce de la confianza de todos los actores políticos".

Tan importante como el texto de la Resolución (envuelta en el más melifluo lenguaje diplomático), es el resultado de la votación: 19 Estados a favor (Bahamas, Santa Lucía, Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Jamaica, México, Paraguay, Uruguay y Perú), cinco en contra (Venezuela, Bolivia, Surinam, Dominica y San Vicente y las Granadinas), ocho abstenciones (Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Haití, República Dominicana, Belice, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago) y dos ausencias. Si sumamos los votos a favor y las abstenciones tenemos en total 27 países de la región que no defendieron a Maduro.

La decisión del gobierno, de apoyar la exhortación al gobierno de Maduro en el seno de la OEA fue correcta desde todo punto de vista. Aunque también ha sido una decisión tímida y tardía. Pero, sabido es que más vale tarde que nunca…

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