Se acaban de publicar dos informes sobre la situación de los derechos humanos en, respectivamente, Venezuela y Nicaragua.

El primero fue elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Su título es: "Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin". El segundo fue emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su título es "Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua". A estos informes deben agregarse los reportes de diferentes organizaciones no gubernamentales.

El informe de la Oficina del Alto Comisionado es un análisis actualizado de las principales violaciones de derechos humanos expuestas en el informe "Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017", publicado en agosto de 2017.

En el informe se expresa que "la información recopilada se analizó en función de las obligaciones jurídicas vinculantes del país, tal como se imponen a los Estados Partes en los tratados internacionales en materia de derechos humanos". Una advertencia que parecería estar dirigida a la selecta minoría que aún persiste en invocar el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países como una excusa (bien endeble, por cierto) para evitar pronunciarse sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Aunque en muchos casos no dudan en entrometerse en los asuntos internos de otros Estados.

De acuerdo a la información recopilada por la CIDH, la cosecha de la violencia desencadenada por el gobierno de Nicaragua para reprimir las protestas sociales que comenzaron el 18 de abril ha sido de, al menos, "212 personas muertas hasta el 19 de junio, 1.337 personas heridas y 507 personas estuvieron privadas de la libertad registradas hasta el 6 de junio, y cientos de personas en situación de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación". El patrón de violencia ejercida por el Estado, dice la CIDH, incluye el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, las acciones de grupos parapoliciales o grupos de choque que operan con la complicidad de las autoridades, las detenciones arbitrarias de jóvenes que participaban en protestas, la difusión de propaganda y campañas de estigmatización, las medidas de censura directa e indirecta, y las amenazas contra líderes de movimientos sociales.

Esa película ya la vimos. Es la misma estrategia aplicada por el gobierno de Venezuela.

Aunque en el caso de Nicaragua existen motivos para ser optimistas que no se hallan en el caso venezolano.

La CIDH instaló el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y envió un equipo técnico para seguir en el terreno la situación y constatar la aplicación de las recomendaciones realizadas al gobierno de Nicaragua. Estas son diferencias esenciales con lo que sucede en Venezuela, cuyo gobierno denunció la Convención Interamericana de Derechos Humanos y comenzó el proceso para dejar la OEA, como una forma (pueril) de evadir sus obligaciones bajo el Derecho Internacional de proteger los derechos humanos dentro de su territorio.