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juan oribe stemmer
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La discusión sobre los acontecimientos de agosto de 1825 y la fecha de la independencia de nuestro país goza de buena salud.

Aunque no alcanza la intensidad del debate que se cristalizó hace un siglo, luego de que, en junio de 1921, el presidente Batlle y Ordoñez pusiese el cúmplase a la ley que creaba una comisión parlamentaria compuesta de tres senadores y de seis diputados “con el objeto de proponer la fecha del Centenario de la Independencia Nacional”. El resultado fue un informe elaborado por Pablo Blanco Acevedo y una serie de recopilaciones de documentos, libros y conferencias sobre el tema. Un aporte fundamental fueron los dos tomos de La Misión Ponsonby de Luis Alberto de Herrera, publicados en 1930.

Sigue siendo un tema complejo. Por varios motivos.

Uno de ellos es el concepto de independencia.

Los autores se aproximan al problema desde diferentes perspectivas. Así, podríamos considerar la voluntad del pueblo de la Banda Oriental en esos años; la evolución de la política regional e internacional en la década de 1820 y las siguientes para determinar cuándo se cristalizó un Estado independiente de los avatares de sus vecinos; y, también, podemos aproximarnos desde el ángulo más formal del Derecho Internacional.

En el primer caso, tropezamos con el obstáculo de que las votaciones entonces no reflejaban el parecer de la sociedad en la misma medida que ahora. Solamente una minoría era considerada como ciudadanos legitimados para sufragar por sus representantes políticos y para ser electos para esos cargos. Tampoco existían las encuestas. Lo más aproximado con que contamos es el informe del cónsul Samuel Hood al secretario de Estado en el Foreign Office, George Canning. Hood divide la población en cinco grupos, cada uno de los cuales tenía sus propias ideas sobre el futuro de la Banda Oriental.

Cuando consideramos el asunto desde la perspectiva de la evolución política, nos encontramos con que la nueva república se vio envuelta en las guerras de la región por décadas. Quizás, uno de los momentos clave que marcaron la separación de la política de nuestro país de la de nuestros vecinos haya sido el gobierno de Berro y el episodio de Paysandú.

En ninguno de esos casos parecería razonable fijar fechas precisas, como aparentemente se esperaba al aprobar la ley de 1922. Son procesos difusos y de largo plazo.

En cambio, si nos aproximamos al problema desde el punto de vista jurídico podríamos proponer varias fechas.

Una de ellas es el 25 de agosto de 1825. Ese día, la Asamblea de Representantes de la Provincia Oriental, “en uso de la Soberanía ordinaria y extraordinaria que legalmente inviste”, se declara “de hecho y de derecho libre e independiente del Rey de Portugal, del Emperador del Brasil, y de cualquier otro del universo”. Pero, acto seguido, ese mismo día, la Asamblea declaró la Provincia incorporada “a las demás de este nombre en el territorio de Sud-América.”

Otra candidata es la fecha de la Convención preliminar de paz entre las Provincias Unidas del Río de la Plata -a la que pertenecía la Banda Oriental- y el Imperio del Brasil. Ahora, el tratado fue suscrito el 27 de agosto de 1828. Aunque lo que vale es la fecha de la ratificación que tuvo lugar en Montevideo, el 4 de octubre de 1828, “a las dos de la tarde”.

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