El Río de la Plata asegura una vía de comunicación directa y franca con el océano y con el mundo. Pero, desde el punto de vista material, eso solamente es una oportunidad.

Para convertir esa oportunidad en realidades, se necesitan vías de navegación confiables y muchos otros elementos y servicios indispensables para asegurar una circulación segura para buques, cargas y personas. También, se requieren puertos, canales de acceso, y sistemas eficientes para la manipulación de la carga. Todos esos elementos forman un sistema.

La navegación, los puertos y la amplia variedad de actividades vinculadas al transporte acuático, generan una dinámica que demanda bienes y servicios que aseguran empleos. Muchos de ellos de alto nivel técnico, para una gran cantidad de trabajadores y empresas. Los puertos de Montevideo y de Nueva Palmira no solamente atienden a la demanda por transporte marítimo generada por nuestra economía sino también son fuertes exportadores de servicios portuarios al resto de la región.

A ello debe sumarse todo lo atinente a la protección del medio acuático en el Río de la Plata. En este caso se combina el deber ético -responsabilidad intergeneracional-de tutelar esos ecosistemas debido a su valor intrínseco, con la conveniencia de velar por ellos debido al valor económico de sus usos y productos. Estos abarcan desde la pesca artesanal, costera y de altura hasta la industria del turismo. Esta depende en muy buena medida de la limpieza de las playas y aguas del litoral. A lo que se suma el esparcimiento y saludable ejercicio de los habitantes de nuestro país que todos los años disfrutamos de aquellas.

El río, el mar y la costa forman parte de nuestras vidas, tienen una gran incidencia en el desarrollo económico del Uruguay y representan un valor de enorme importancia para la autonomía política de nuestro país.

Ahora bien, la geografía hace que el Río de la Plata sea un espacio acuático compartido. La realidad de las cosas hace imprescindible que los dos países ribereños, Argentina y Uruguay, colaboren en la empresa común de administrar, conservar y aprovechar en forma racional y sustentable sus usos y recursos para beneficio de sus habitantes, presentes y futuros.

Esa idea de cooperación está plasmada en el preámbulo del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo suscrito en 1973. Allí, Argentina y Uruguay afirmaron su decisión de “sentar las bases de una más amplia cooperación entre los dos Países y estrechar los arraigados vínculos de tradicional amistad y hondo afecto que unen a sus Pueblos” y dejaron constancia de su voluntad de encontrar “solución definitiva a aquellos problemas de acuerdo con las características especiales de los territorios fluviales y marítimos involucrados y las exigencias técnicas de su utilización y aprovechamiento integrales, en el marco del respeto a la soberanía y a los derechos e intereses respectivos de los dos Estados”.

Cuando se considera la magnitud de los intereses de nuestro país en el Río de la Plata, sus usos y recursos, y el avanzado marco jurídico que nos ofrece el Tratado, nos resulta inexplicable que durante tantos años la diplomacia uruguaya haya cometido errores tan fundamentales como los que han salido a la opinión pública en estos días y que ahora se intenta comenzar a remediar.