Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

¿El principio del fin?

La resolución del Parlamento Europeo, el jueves pasado, de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, terminó de cristalizar la posición ante la dictadura venezolana de uno de los bloques políticos y económicos más influyentes de la comunidad internacional. La resolución fue precedida por la declaración de la Alta Representante de la Unión Europea para la política exterior, realizada el 26 de enero, quien manifestó en nombre de la Unión su total respaldo a la Asamblea Nacional y reclamado “elecciones presidenciales, libres, transparentes y creíbles”.

El Parlamento Europeo pidió a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y a los Estados Miembros que reconozcan a Guaidó “como el único presidente interino legítimo hasta que puedan convocarse nuevas elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles para restablecer la democracia”.

Los diputados europeos apoyaron a la Asamblea Nacional como “único órgano democrático legítimo de Venezuela”, condenaron “la represión feroz y la violencia, que han causado asesinatos y heridos”, e instaron a “las autoridades venezolanas de facto a que pongan fin a todas las violaciones de los derechos humanos, a que exijan responsabilidades a sus autores y a que velen por que se respeten plenamente todas las libertades fundamentales y todos los derechos humanos”. De esta forma, la resolución distingue entre un órgano (la Asamblea Nacional) y un presidente interino legítimos, y un poder de facto, ilegítimo, compuesto por la estructura de la dictadura venezolana. Es una distinción de gran importancia política y jurídica porque abre el camino para el reconocimiento de los representantes diplomáticos designados por las autoridades legítimas y ofrece una base legal para negar el reconocimiento de jure del régimen en el exterior.

El Parlamento también rechazó “cualquier propuesta o tentativa para resolver la crisis que pueda implicar el uso de la violencia”.

Es un rechazo oportuno y compartible.

Pero también es importante recordar que en Venezuela, en este momento, la principal fuente de violencia es la dictadura y sus servicios de inteligencia y represión.

En ese respecto el Parlamento Europeo consideró que las competencias de la Asamblea Nacional “deben restablecerse y respetarse, incluidas las prerrogativas y la seguridad de sus miembros”. Esto último es especialmente relevante si consideramos, primero, la forma en que el régimen ha actuado contra líderes de la oposición democrática (como fue el caso de Leopoldo López); y, segundo, las medidas cautelares que hace unos días solicitó el fiscal general venezolano a la Corte Suprema de ese país para limitar las libertades del presidente interino Guaidó. Medidas que la Corte solícitamente se apresuró a conceder.

Finalmente, el Parlamento Europeo propuso a la Alta Representante que trabaje “con los países de la región y con otros actores clave” con el fin de crear un grupo internacional de contacto, “con vistas a la celebración de un acuerdo sobre la convocatoria de elecciones presidenciales, libres, transparentes y creíbles basadas en un calendario definido de común acuerdo, la igualdad de condiciones para todos los actores, la transparencia y la observación internacional”.

Esa sería la salida sensata. Ahora todo depende de Maduro.

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