Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

Pesca ilegal

El lunes pasado, un vuelo de reconocimiento de la Armada Nacional detectó unos 19 buques brasileños pescando en aguas uruguayas próximas al límite lateral entre los dos países.

La circunstancia de que estas naves se encontrasen, tan campantes, prácticamente a la vista de la costa rochana hace que esa situación sea aún más preocupante. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que esos buques “Estaban robando pesca uruguaya, riqueza de los uruguayos, y trabajo a los uruguayos”, y agregó: “nos llamó la atención la cantidad de barcos y la cercanía a la costa”. El ministro también informó que por las carencias que tiene la Armada Nacional no se pudo detener a esos barcos.

La situación nos enfrenta con un serio problema para la protección, administración y explotación racional de los recursos pesqueros que habitan las aguas del frente marítimo de nuestro país. También nos presenta un desafío aún más importante: como ejercer eficazmente la soberanía del Uruguay sobre su mar territorial y su zona económica exclusiva adyacente.

Uno de los derechos-deber esenciales de cualquier Estado nacional es el cuidado de su integridad territorial y sus fronteras. Esto es especialmente cierto en las áreas marítimas sujetas a la jurisdicción, derechos de soberanía y soberanía de los Estados costeros. En el caso de nuestro país deberíamos agregar a esa enumeración, las nuevas zonas de la plataforma continental y su subsuelo, de acuerdo a la reciente decisión de la Comisión de Límites en la Plataforma Continental de las Naciones Unidas.

Es cierto que los derechos (e intereses) asociados con esos espacios se pueden (y deben) tutelar mediante el empleo de una panoplia de instrumentos. Incluyendo, por ejemplo, la diplomacia, la investigación científica, la protección de los recursos y la cooperación internacional. Pero, al final de cuentas, lo que vale es la presencia efectiva, material, de la fuerza del Estado costero, es decir, buques, aviones, personal e información, en el lugar de los hechos.

FAO define a la pesca ilegal como la realizada por buques nacionales o extranjeros en aguas bajo la jurisdicción de un Estado, sin el permiso de éste o contraviniendo su legislación.

No se trata de una instancia de piratería. Los pescadores, desde siempre, han seguido los peces y, si pueden, ignoran los límites nacionales. Otro factor es que los pesqueros brasileños que entran a las aguas adyacentes a la costa de Rocha suelen ser de pequeño tonelaje, muchas veces con cascos de madera, tripulaciones de pocas personas y con una capacidad de pesca limitada. Pero también ha habido instancias de buques de mayor tonelaje que se internaron en aguas de la zona económica exclusiva de nuestro país persiguiendo especies más valiosas, mar adentro.

Pero, independientemente de las características de los buques y del valor de su captura, la pesca ilegal (y sus hermanas la pesca no reportada o no regulada) es una actividad ilícita que debe ser controlada y reprimida.

El ministro anunció que se iniciará un trabajo conjunto de patrullaje con nuestros vecinos. Pero, también observó que ello requiere disponer de la capacidad de mantener una presencia permanente, lo que supone barcos y plataformas. Y, los barcos de que dispone nuestro país no están en esas condiciones. 

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