El volumen de pescado desembarcado por la flota pesquera de nuestro país pasó de 90.951 toneladas en el año 1990 y 143.805 toneladas en el 1991, a 68.004 toneladas en el año 2019.

Esta última cifra se divide en 55.473 toneladas desembarcadas por los buques de la flota industrial y 12.531 toneladas por la pesca artesanal. La cantidad de buques que componen la flota pesquera industrial, el tonelaje de registro y la potencia de sus máquinas, no han cesado de disminuir. Lo mismo sucede con el volumen y el valor de las exportaciones del sector.

Tuvo razón el senador Gustavo Penadés cuando afirmó en su exposición sobre la situación y desafíos del sector pesquero en la Cámara de Senadores, el miércoles pasado, que la pesca “ha experimentado una continua decadencia en los últimos veinte años. A tal punto es así, que hoy su supervivencia se encuentra en una situación difícil que, entre otras cosas, amenaza miles de puestos de trabajo, que se suman a los miles que ya se han perdido en los últimos años”. Es una crisis de largo plazo que abarca todos los componentes del sector, desde la pesca artesanal (que hoy representa el 20% del total de la producción del mismo), hasta la pesca costera y de altura, y el procesamiento industrial de las capturas. En el caso de los buques pertenecientes a la categoría D, buques dedicados a la pesca en alta mar, pasamos de nueve emprendimientos a uno.

Penadés explicó que entre los años 2007 y 2015 se cerraron 26 empresas pesqueras. De las 25 empresas que explotaban merluza en 2005, solamente sobreviven 14. Se aprecia una caída general en la cantidad de horas trabajadas y en el personal ocupado en la industria. Todo esto no se ha debido a un proceso de concentración de empresas relativamente menos eficientes en una cantidad menor de unidades, pero más productivas, sino a la caída de las capturas y la decadencia del sector.

No debería sorprender que la participación de la pesca en el producto bruto interno haya caído sistemáticamente entre los años 2006-2018.

Es un estado de cosas poco feliz para un sector que hace casi medio siglo comenzó una rápida expansión con el Plan de Desarrollo Pesquero. Con tanto entusiasmo y esperanzas.

La dimensión política de la pesca se encuentra en las raíces mismas del sector.

La Ley de Pesca de 1969, no solamente contiene normas sobre fomento y administración de esa actividad sino también artículos clave sobre política marítima. La Ley comienza declarando “de interés nacional la explotación, la preservación y el estudio de las riquezas del mar” y luego establece que la “soberanía de la República Oriental del Uruguay, se extiende, más allá de su territorio continental e insular y de sus aguas interiores, a una zona de Mar territorial de doscientas millas marinas”. Esta disposición formaba parte del proceso de creación de una nueva institución del nuevo Derecho del Mar, la zona económica exclusiva, cristalizada en la Convención suscrita en Montego Bay, en 1982.

La pesca una actividad económica clave, tiene una relevancia social (pesca artesanal), y está asociada con intereses políticos fundamentales.

La mejor forma de defender los intereses marítimos y fluviales de nuestro país es a través de la presencia de pescadores uruguayos y de la investigación científica para, como estipuló la Ley de Pesca, preservar las riquezas del mar.