Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

Peor ciego

El informe sobre los derechos humanos en Venezuela de la Secretaría General de la OEA y el Panel de Expertos Internacionales publicado el 28 de mayo, pinta un minucioso cuadro de lo que es el "progresismo real" impuesto por el presidente Maduro y sus adláteres en aquel desdichado país.

El extenso documento se agrega y corrobora otros informes elaborados en los últimos tiempos por diferentes organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales encargados de velar por los derechos humanos. Incluyendo Amnesty International Human Rights Watch, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A esa evidencia debería agregarse la documentación más especializada proveniente de los organismos económicos internacionales o de ONG como Transparencia Internacional.

La lista de violaciones de los derechos humanos en el informe de la Secretaría General de la OEA y el Panel de Expertos Internacionales, incluye la general y sistemática persecución a los opositores, las amenazas e intimidación, la politización de la Justicia, la proscripción de líderes opositores, los ataques a la libertad de expresión, la represión violenta, la tortura y detención por motivos políticos, y la aplicación de la justicia militar a civiles. Es una larga lista que podría servir de fundamento para emprender una acción legal ante la Corte Penal Internacional en base al artículo séptimo del Estatuto de Roma.

Frente a esa masa de datos la pregunta es: ¿por cuánto tiempo más nuestro gobierno continuará siendo cómplice de lo que sucede en Venezuela? ¿Hasta cuándo persistirá en sus verdaderos actos de acrobacia conceptual, cada vez menos creíbles?

Recordemos, por ejemplo, la afirmación de que en Venezuela hay democracia aunque "quizás no sea a la que estamos acostumbrados" en el Uruguay (y en el resto del mundo diríamos). Otro ejemplo: la afirmación de que "Venezuela tiene tres poderes y los tres poderes están funcionando". Pero, lo que importa no es que los poderes constitucionales funcionen, sino cómo y en qué condiciones lo están haciendo. A fines del año pasado, el informe "Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela", publicado por la CIDH, constató que "el Poder Judicial en Venezuela enfrenta un grave problema de falta de independencia". En lo que se refiere al Poder Electoral (el equivalente a nuestra Corte Electoral), indica que "la información al alcance de la CIDH indica que existe una falta de independencia del CNE. Esta situación se debería, entre otros factores, al incumplimiento reiterado del procedimiento establecido en la Constitución para la elección de sus integrantes". En cuanto al Poder Legislativo, dice, la Asamblea Nacional (el Poder Legislativo) ha sido reemplazada y anulada de hecho por una nueva entidad dominada por el omnipotente Poder Ejecutivo. Tomando una frase del presidente Maduro, la democracia venezolana es tan "distinta a todas" que no es democracia.

La política deliberada de no ver lo evidente ya no convence a nadie. Pero significa tomar partido y hacerse cómplice de una dictadura y ayudar a afirmarla. Es una política que tiene un costo alto porque afecta la credibilidad del Poder Ejecutivo y daña el prestigio y la posición internacional de nuestro país.

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