Mientras el país se asombraba ante los desatinos del senador Saravia, a fines de febrero se produjo un hecho que pasó casi inadvertido: el Codicen recibió luz verde del Ministerio de Economía para contratar a unos dos mil auxiliares de servicio que cumplirán tareas de limpieza en escuelas públicas de todo el país. La medida huele a simple disposición burocrática, pero en realidad se trata de un golpe de timón que nos coloca en el rumbo equivocado. Para entender este punto hay que saber cómo pasaban las cosas antes y cómo van a ocurrir desde ahora.

Hasta febrero pasado, la gestión del personal que asea las escuelas públicas estaba en manos de las comisiones de padres. Estas seleccionaban a los candidatos, evaluaban su desempeño y decidían su permanencia. Para ello recibían de ANEP unos 1.500 pesos mensuales que a veces representaban la totalidad del pago que recibía el funcionario y a veces se completaba con aportes de los padres. Pero ahora esos auxiliares dejarán de ser empleados de las comisiones de padres para pasar a ser empleados de ANEP. En una primera etapa se firmarán contratos de función pública por un año, pero la idea es renovar automáticamente los contratos e ir pasando a esas personas a cargos presupuestados.

Este cambio tendrá dos efectos previsibles. El primero es que los auxiliares de limpieza se asimilarán progresivamente a la condición de empleados públicos, con todos los problemas que eso conlleva. Desde hace años se sabe, por ejemplo, que los auxiliares que dependen de ANEP tienen una curiosa facilidad para conseguir certificados médicos que los colocan en régimen de "tareas aliviadas": siguen cobrando y asistiendo a las escuelas, pero no pueden hacer casi nada. El segundo efecto será que la selección y evaluación del personal de servicio saldrá progresivamente de manos de las comisiones de padres (que son las que mejor conocen las necesidades de cada escuela) para quedar a cargo de la burocracia de ANEP. En lo inmediato se contratará a las personas que fueron seleccionadas por las comisiones, pero con el paso del tiempo muchas de ellas se jubilarán o conseguirán otras oportunidades. Y de acuerdo a la normativa vigente, el reemplazo será decidido por funcionarios que raramente pisan una escuela.

Es fácil pronosticar que el nuevo mecanismo será menos eficiente que el anterior. ¿Por qué entonces se ha dado este paso? Más allá de elementos coyunturales, operan aquí razones ideológicas y motivos de poder. En el nivel ideológico, parece claro que esta administración está haciendo todo lo posible por reforzar el carácter estatista de nuestra enseñanza: hoy más que nunca se asume que la sociedad es un organismo inerte, incapaz de plantear soluciones para sus propias necesidades. El Estado es la gran figura paternal que debe dar las respuestas. Si los usuarios intentan resolver algo por sí mismos, estamos ante una anomalía a corregir. En cuanto a los motivos de poder, las cosas son muy fáciles: dos mil nuevos cargos a proveer le añaden a las autoridades educativas una capacidad de influencia de la que carecían mientras esos cargos se distribuían en forma descentralizada. Esos cargos significan más poder para las autoridades y también más poder para quienes consiguen influir sobre ellas. Esta es una de las razones que explica por qué la medida venía siendo reclamada por los sindicatos. A ellos también los favorece la concentración de las decisiones, porque eso les facilita el trabajo. El objetivo es que la enseñanza siga al servicio de las corporaciones y no de los usuarios.