La globalización depende del sistema de transporte marítimo global. El movimiento de cargas manejado por ese sistema se ha cuadriplicado en el último medio siglo. En 1970, el sistema transportó 2.605 millones de toneladas de carga. En 2018, transportó 10.702 millones de toneladas.

Un sistema capaz de manejar ese volumen de carga con costos razonables y en forma confiable parecería ser robusto. Sin embargo, en última instancia, es vulnerable y depende de la existencia de un conjunto de valores, principios, normas e instituciones compartidas por todos los países.

Los cimientos de ese conjunto se encuentran en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982). Esta verdadera constitución de los océanos fue el resultado de un conjunto de compromisos entre el Derecho del Mar clásico, desarrollado y defendido por las grandes potencias marítimas a través de los siglos, y de las nuevas ideas y propuestas generadas por los países en vías de desarrollo. Así la Convención trata de la libertad de navegación, un instituto cuyos orígenes se remontan a Grocio, a principios del siglo XVII, y la zona económica exclusiva, un concepto desarrollado por los países latinoamericanos en la década de 1970.

Todos los países, y especialmente los de menor tamaño relativo, tienen un interés político y económico en mantener el orden jurídico de los océanos porque es la garantía para el buen funcionamiento el comercio marítimo, la base para su integración en el los procesos económicos globales, y un elemento esencial para su desarrollo económico y social.

Es preocupante que algunos Estados no respeten el Derecho del Mar. Aunque esos incidentes sucedan en lugares relativamente distantes, igualmente tendrán un impacto sobre el sistema de transporte marítimo global y, de una forma u otra, perjudicarán a nuestro país.

Es posible mencionar varios ejemplos de prácticas de Estados que ponen en peligro las normas básicas en la Convención.

Los más recientes son los incidentes que se han estado produciendo en el Golfo de Omán, el espacio marítimo entre el Golfo Pérsico y el océano Índico, que separa a Irán de Arabia Saudita.

Es una de las vías de agua internacionales más importantes del planeta por la cual pasan un tercio de los embarques de gas natural licuado y casi una quinta parte del consumo mundial de petróleo crudo. Desde hace décadas el Golfo ha sido el escenario de conflictos entre los ribereños (por ejemplo, la guerra entre Iraq e Irán) y de situaciones difíciles entre sus ribereños (por ejemplo, Irán y Arabia Saudita) o con las grandes potencias (la crisis entre Irán y los Estados Unidos).

Ahora, el 12 de mayo fueron atacados, cuando ejercían la libertad de navegación en el Golfo, los petroleros el Amjad y el Al Marzoqah (de Arabia Saudita), Andrea Victory (Noruega), y A. Michel (Emiratos Árabes Unidos). El 13 de junio se produjeron atentados contra los petroleros Front Altair (Islas Marshall) y Kokuka Courageous (Panamá). No se ha identificado precisamente a los autores de los ataques.

Hace unos días una fragata británica debió intervenir para proteger a un petrolero de su país, el British Heritage, amenazado por la presencia de lanchas de Irán. Estos incidentes perjudican los fundamentos del Derecho del Mar y, aún más grave, ponen en peligro la paz mundial.