JUAN ORIBE STEMMER

La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático, celebrada en Copenhague, culminó con un documento ambiguo y contradictorio que diluye los compromisos más precisos estipulados en el Protocolo de Kyoto. Si no se produce un cambio político de envergadura en los próximos meses, es posible que el proceso para contrarrestar o, por lo menos, atenuar el cambio climático, pierda el escaso impulso que tiene en la actualidad.

El documento presentado a la Conferencia, no solamente carece de efecto obligatorio, sino que tampoco reviste la legitimidad política que debería resultar de su aprobación por una cumbre que reunió a casi toda la comunidad internacional.

La elaboración del texto no siguió el procedimiento usual de las conferencias de las Naciones Unidas. Este puede ser prolongado y, a veces confuso, pero usualmente genera consensos. En este caso, el proyecto de acuerdo fue redactado a último momento por un grupo limitado de países (incluyendo a Brasil, China, Estados Unidos, India y Sudáfrica) y presentado a la asamblea para su aprobación.

Sin embargo ésta solamente decidió tomar nota del denominado "Acuerdo de Copenhague". Una cosa es aprobar y otra muy diferente es tomar nota. Queda por verse ahora cuántos países finalmente suscribirán el documento.

El Acuerdo es contradictorio.

Por una parte, subraya que el cambio climático es uno de los principales desafíos de nuestra época, pone énfasis en "la fuerte voluntad política" de las partes, de combatirlo siguiendo los principios de responsabilidad común pero diferenciada y de las capacidades respectivas y reconoce la opinión científica de que el aumento en la temperatura global en los próximos años deberá ser inferior a dos grados centígrados para evitar cambios catastróficos en el clima.

Por la otra, luego de haber reconocido la gravedad del problema: adopta una serie de compromisos "blandos" que no están a la altura del desafío que dice intentar enfrentar.

Establece que los países "deberían cooperar" para controlar las emisiones de gases de invernadero "tan pronto como sea posible"; no estipula compromisos precisos para reducir las emisiones, no fija plazos exigibles para cortar las emisiones y no establece medios de verificación independientes y confiables.

No tiene mucho sentido atribuir responsabilidades por el magro resultado a unos u otros de los países que participaron en la conferencia. La realidad es que cada país defiende lo que entiende son sus legítimos intereses. Que en este caso son de enorme importancia. La mayor parte de las emisiones de gases de invernadero son el resultado de la quema de carbón hidrocarburos para generar energía.

Un elemento esencial para la seguridad, el desarrollo económico y el bienestar de las sociedades nacionales.

Lo que importan son los hechos y determinar la mejor forma de, primero, defender nuestros propios intereses y, segundo, de prepararnos lo mejor posible para el cambio climático.

"La Declaración de Copenhague no consigue disfrazar los profundos conflictos de intereses".