La presencia de una flota de más de 250 pesqueros en las aguas adyacentes al límite de las zonas económicas exclusivas del Ecuador continental y de sus islas Galápagos causa considerable preocupación en ese país y sus vecinos. Es el cuarto año que esto sucede.

El territorio continental del Ecuador y sus islas Galápagos están separados por unas 490 millas náuticas de océano. Existe una brecha de casi cien millas náuticas entre las zonas económicas exclusivas de uno y otro. Estas aguas están sujetas al régimen de la alta mar, en donde rige el principio de la libertad de pesca. La dinámica de las corrientes en esa región oceánica determina que todos los años esa región atraiga a los buques pesqueros de terceros países.

La semana pasada, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, anunció la creación de un equipo de expertos para diseñar una estrategia de protección de las Galápagos y el respeto de sus recursos marítimos. El ministro de Relaciones Exteriores comunicó a las autoridades de China y de los demás países “cuyas banderas están presentes en la flota pesquera internacional en el Pacífico ecuatorial”, la voluntad de su país de evitar que esos buques entren en las aguas bajo jurisdicción ecuatoriana. Poco después, el Comité Ejecutivo de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), aprobó una declaración donde hace referencia a “la presencia de una flota pesquera internacional en la zona adyacente a las aguas jurisdiccionales de los países ribereños de la

Cuenca del Pacífico sudeste, que amenaza la conservación y el uso sustentable de sus recursos pesqueros” y convocó urgentemente a la Asamblea Extraordinaria de la CPPS, con el objeto de identificar acciones para enfrentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Pacífico sudeste.

El Gobierno chino emitió un comunicado donde afirma que, “Tras consultar con las autoridades chinas competentes y verificar con la Armada de Ecuador, todos los buques pesqueros chinos están operando legalmente en alta mar fuera de la ZEE de las Islas Galápagos, que no representan ninguna amenaza para nadie y sus derechos legales deben ser garantizados.”.

La declaración es un paso en la dirección correcta. Pero, solamente resuelve parte del problema que enfrenta Ecuador.

Los ecosistemas y los peces tienen la mala costumbre de no ajustarse a las pulcras líneas trazadas en el mar por los diplomáticos. En algunos casos las especies objetivo de la pesca y las asociadas tienen espacios de distribución que abarcan la zona económica exclusiva de un país y un área más allá de ésta y adyacente a ella. Las especies altamente migratorias recorren grandes distancias en el océano incluyendo zonas económicas exclusivas y la alta mar.

A lo que se suma un elemento de equidad.

Los países costeros tienen un derecho natural a los recursos que se encuentran adyacentes a sus costas. Esta idea se encontró en la base del proceso de cristalización del nuevo Derecho del Mar que culminó con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que, entre otras innovaciones, introdujo el instituto de la zona económica exclusiva.

Uno de los primeros impulsores de ese concepto fueron los países costeros del océano Pacífico austral, nucleados en la Comisión Permanente del Pacífico Sur.