La Misión Internacional Independiente respecto de la República Bolivariana de Venezuela dio a conocer un primer informe sobre su investigación acerca de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en ese país.

La Misión fue establecida en cumplimiento de la Resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (27 de setiembre, 2019) y tuvo como cometido “investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en Venezuela desde 2014”.

Por alguna razón, el gobierno de Maduro no respondió a las reiteradas solicitudes de acceso y, como resultado, la Misión no pudo visitar Venezuela. A pesar de ello, el informe detalla que se realizaron “274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios y funcionarias del Estado, abogados y abogadas, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional”. También, continua el informe, se “analizó una serie de documentos confidenciales, incluidos expedientes y presentaciones de casos judiciales e información de fuente abierta”. Los miembros de la Misión consiguieron reunir una buena base de evidencia a pesar de la falta de cooperación del gobierno bolivariano.

Los resultados de la investigación revelan un claro patrón de represión desalmada de la sociedad venezolana, aplicada sistemáticamente a través de los años.

“La Misión constató” -dice el informe publicado hace unos días- “que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”.

El informe “reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público”. Sin embargo, igualmente “constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos”. Éstas incluyen las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura.

Esas violaciones de los derechos humanos tienen dos características. No son actos aislados. Según el Informe, “estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”. Segundo, el Informe concluye que “La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando”. Esto se llama impunidad.

Esos “patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático”, concluye el Informe, “constituyen así crímenes de lesa humanidad”.

¿Crímenes de lesa humanidad? ¿Impunidad? ¿No les resulta conocido?