Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

No es intervención

La comunidad internacional avanza en la protección de los derechos humanos. Ello hace necesario establecer un equilibrio entre el principio de no intervención y el deber de cada Estado de tutelar los derechos humanos.

La comunidad internacional avanza en la protección de los derechos humanos. Ello hace necesario establecer un equilibrio entre el principio de no intervención y el deber de cada Estado de tutelar los derechos humanos.

Este deber tiene dos componentes: cada Estado tiene la obligación de cuidar los derechos de sus ciudadanos y, también, la de contribuir a defender los derechos de todos los seres humanos en general, dentro del marco del Derecho internacional.

Aquel equilibrio se ha inclinado hacia el predominio de la obligación de proteger los derechos humanos en Venezuela.

Los pilares para la defensa de los derechos humanos en nuestra región incluyen la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Esta última proclama que “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”; y reconoce que “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

En el nivel subregional, el Protocolo de Ushuaia establece que “La plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Partes del presente Protocolo”, y define un procedimiento que puede culminar “desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos”.

En violación de esos deberes fundamentales, Maduro completa su estrategia de instalar una dictadura fundada en el poder militar, fraude electoral, presos políticos, partido único y policía secreta. El Poder Ejecutivo domina el Poder Judicial y al equivalente de nuestra Corte Electoral. Ahora instala una Asamblea Nacional Constituyente cuya principal misión es reemplazar al Poder Legislativo cuyos miembros fueron elegidos en forma legítima y en la cual tiene mayoría la oposición, y desplazará a la molesta Fiscal Luisa Ortega.

Como parte de aquella estrategia se intenta evadir los acuerdos regionales sobre derechos humanos. Chávez denunció la Convención de Costa Rica. Ahora, Maduro inició el proceso de separación de la OEA, lo que supone privar a los venezolanos de la protección de la Carta Democrática.

Es un intento vano de escapar a sus obligaciones internacionales, invocando el principio de no intervención.

Las obligaciones generales de respeto de los derechos humanos se aplican a todos los Estados, independientemente de la voluntad de sus gobiernos dictatoriales. Todos los Estados tienen el derecho y el deber de exigir su cumplimiento. Además, Venezuela continúa siendo parte de instrumentos internacionales que consagran esos derechos. Como la Carta de la OEA y el Protocolo de Ushuaia. Los Estados que exigen el cumplimiento de estos acuerdos no cometen un acto de intervención indebida.

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