Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

Nuestros intereses

La Cancillería considera que es “urgente” encontrar una salida a la decisión argentina de prohibir transbordar cargas originadas en ese país, en puertos uruguayos. Para el subsecretario de Relaciones Exteriores, “tenemos que resolver esto para el mes que viene, para dentro de dos meses porque están en juego puestos de trabajo para dentro de un mes o dos meses. Entonces si nosotros vamos a la vía institucional, al Mercosur puede llevar dos años”.

La Cancillería considera que es “urgente” encontrar una salida a la decisión argentina de prohibir transbordar cargas originadas en ese país, en puertos uruguayos. Para el subsecretario de Relaciones Exteriores, “tenemos que resolver esto para el mes que viene, para dentro de dos meses porque están en juego puestos de trabajo para dentro de un mes o dos meses. Entonces si nosotros vamos a la vía institucional, al Mercosur puede llevar dos años”.

Los dichos del subsecretario sugieren varios comentarios.
El gobierno reconoce que el sistema de resolución de controversias del Mercosur no sirve porque es lento, y, agregamos, porque no existe seguridad de que alguien le haga caso a sus resoluciones. El fracaso del Mercosur también es demostrado por el hecho de que sea necesario negociar bilateralmente sobre este tipo de asuntos cuando todos pensábamos que se habían pactado políticas generales, dentro del sistema del Tratado de Asunción.

Parece demasiado optimista pretender resolver este asunto en meses, cuando, la medida argentina, es un ejemplo (entre otros muchos) de una lógica que, como dijo un gremialista argentino, “va mucho más atrás”.
La Disposición 1108/2013 de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Argentina, para resumir su elemento central, prohíbe que las cargas de exportación originadas en puertos argentinos sean transbordadas en puertos uruguayos. La medida perjudica a Montevideo, que ha realizado inversiones importantes con la intención de convertirse en un puerto exportador de servicios para la región.

El pensamiento del gobierno argentino fue explicado por el subsecretario de Puertos y Vías Navegables de ese país: “Esta medida exclusiva y excluyentemente está dirigida a las cargas argentinas de origen de la economía argentina. Es absolutamente legítimo y razonable que todo país, como el Uruguay también creo que lo debería y lo pretende hacer, exporte sus mercaderías desde sus puertos”. Esa idea fue reiterada por el secretario general del sindicato de Dragado y Balizamiento argentino quien declaró que la política era que cada país busque que “sus negocios y sus cargas las puedan operar sus propios puertos”. Nada de esto es una novedad. Son las políticas de reserva de cargas que florecieron hace década (recuerden el proyecto de Convenio de Transporte por Agua de la ALALC, de 1966). Es una visión superada que choca con las tendencias de globalización de la economía y de desarrollo de los puertos y del transporte marítimo mundial. Aunque eso no parece importarle a Argentina, absorbida en su viaje de retorno a los 1960s.

Al escuchar el seductor discurso de los funcionarios del vecino país es necesario tener presente que existe una fundamental diferencia de intereses entre Argentina y nuestro país: Argentina es una gran generadora de cargas pero no tiene buenos puertos; el Uruguay tiene un movimiento de cargas más limitado pero posee buenos puertos.
Lo mejor es que nuestro país concentre sus esfuerzos en defender sus propios intereses y en reducir su dependencia de sus inconstantes vecinos. Para ello debe fortalecer el Puerto de Montevideo con el fin para hacerlo lo más económico y competitivo posible.

Tenemos que conocer y defender nuestros intereses. Los demás cuidan muy bien los suyos.

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