La estrategia de Maduro incluye pervertir las garantías y los órganos previstos en la Constitución venezolana para garantizar la pureza del sufragio, y convertirlos en instrumentos para consolidar su dictadura mientras mantiene una apariencia de legitimidad democrática.

El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) "Situación de derechos humanos en Venezuela", describe cómo la dictadura impuesta por una ávida cleptocracia (Venezuela se encuentra entre los países peor situados en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional) astutamente disfrazada de socialista, destruye sistemáticamente la economía y la estructura social del que fue uno de los países más prósperos de nuestro continente.

El informe comienza afirmando que "Desde hace varios años, la CIDH ha venido observando un paulatino deterioro en la institucionalidad democrática en Venezuela que se ha profundizado e intensificado significativamente a partir de 2015". Ese proceso es el resultado de la injerencia del Poder Ejecutivo —es decir Maduro y sus adláteres— en el Poder Judicial, el Poder Electoral y los demás poderes públicos. A lo que debería sumarse la instalación del engendro de la Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de desplazar el Poder Legislativo legítimo, en el cual la oposición tiene (por ahora) mayoría.

La estrategia de Maduro incluye pervertir las garantías y los órganos previstos en la Constitución venezolana para garantizar la pureza del sufragio, y convertirlos en instrumentos para consolidar su dictadura mientras mantiene una apariencia de legitimidad democrática.

En cuanto al Poder Electoral, dice la CIDH, existe un conjunto de factores que determinan la falta de independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE). Incluyendo "el incumplimiento reiterado del procedimiento establecido en la Constitución para la elección de sus integrantes" y la falta de independencia de este órgano constitucional. El CNE "ha adoptado decisiones que afectan el ejercicio de los derechos políticos de venezolanos y venezolanas, y perjudican la institucionalidad de la democracia".

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acertadamente, refleja la "indivisibilidad que existe entre las afectaciones registradas en Venezuela a los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales". Y recuerda "que la vigencia efectiva de la democracia en todo Estado, requiere como presupuesto indispensable el ejercicio pleno de todos los derechos y libertades fundamentales de sus habitantes". También resalta, por si fuera necesario, "la importancia de los órganos electorales para el ejercicio de los derechos políticos, y recuerda que para garantizar los mismos estas instituciones deben ejercer sus funciones con imparcialidad e independencia". Por ese motivo, sigue, "expresa su más profunda preocupación por las distintas medidas adoptadas por el CNE que obstaculizan el ejercicio efectivo de los derechos políticos de la población venezolana".

Debería estar claro, aún para el más ingenuo (aunque siempre es bueno recordar que no hay peor ciego que el que no quiere ver), que no basta con que los ciudadanos tengan la posibilidad de ejecutar el acto material de votar para que una elección pueda ser considerada como democrática. Para que el sufragio sea democrático necesariamente deben existir un entorno, instituciones y garantías adecuadas y suficientes, antes del acto de votar, durante el sufragio y después de este.

Esas condiciones no existen en Venezuela.