Las actividades vinculadas a los océanos, sus usos y recursos, siempre tienen una fuerte dimensión política.

Los océanos continúan siendo un tablero de ajedrez en el que se enfrentan las grandes potencias, y las no tan grandes, velando por sus intereses estratégicos. Los chisporroteos entre las potencias navales -las más tradicionales y la nuevas- son más intensos en algunas regiones, por ejemplo, el Mar Negro (entre los buques de la OTAN y los aviones de Rusia), o en el Mar de la China. En otras regiones la puja es menos notoria, pero igual existe. El Atlántico sudoccidental no es una excepción.

La propuesta de que el Estado uruguayo conceda a una empresa china un puerto para atender los buques pesqueros de esa nacionalidad, no es únicamente como un tema comercial o económico. Es un asunto de política exterior.

El Uruguay es un país costero y siempre ha defendido los derechos e intereses de los países litoraleños frente a las apetencias de las potencias navales y de las flotas pesqueras pertenecientes a Estados no regionales. Tuvimos un rol protagónico en la cristalización del instituto de la zona económica exclusiva. La Ley de Pesca de 1969 proclamó el “interés nacional” en la “explotación, la preservación y el estudio de las riquezas del mar” y dispuso que la soberanía de nuestro país se extendía “a una zona de Mar Territorial de 200 millas marinas, desde líneas de base”.

El marco jurídico para la explotación de los recursos pesqueros en la Convención del Derecho del Mar (1982) intenta conciliar un enfoque zonal (mar territorial, zona económica exclusiva, alta mar) con la unidad esencial de los ecosistemas. Sin mucho éxito.

La pesca en alta mar es una expresión de la clásica libertad de la alta mar y, cuando es realizada dentro del marco del Derecho internacional, es una actividad lícita.

Pero, esas actividades plantean varios problemas para los países costeros. Incluyendo la administración y explotación racional de los recursos que habitan las aguas de la zona económica exclusiva y las adyacentes a ella, la protección de las especies altamente migratorias; y los desafíos de la pesca ilegal. Las Naciones Unidas, FAO y diferentes grupos de países costeros han firmado tratados, acordaron Códigos de Conducta, o legislaron para tutelar aquellas especies.

Finalmente, están nuestros intereses portuarios. Montevideo recibe una cantidad importante de buques pesqueros extranjeros y, también, de buques frigoríficos que vienen a recoger la captura realizada por ellos, para transportarla a sus mercados de ultramar.

Esa actividad tiene dos facetas. Por una parte, es una exportación de servicios. Ese movimiento ofrece trabajo a un conjunto de proveedores nacionales que, de esta forma, exportan servicios. La ANP avanza con su proyecto de instalar un muelle pesquero en Capurro para ofrecer servicios -- a esos buques de banderas extrarregionales. Por al otra, supone una responsabilidad (no solamente hacia nosotros mismos, sino también respecto de nuestros vecinos) porque esos buques pesqueros operan en la zona de alta mar adyacente a la zona económica exclusiva argentina, brasileña o uruguaya.

Finalmente, a esta ecuación tan compleja, se le suman los intereses estratégicos regionales y globales. En política, la clave no es tanto saber resolver problemas, sino tener la sensatez y la visión suficientes para evitar crearlos.