Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

Derechos humanos

La dictadura del presidente Maduro se consolida cada vez más. Ahora nos encontramos con un proceso casi idéntico en Nicaragua. Sin embargo, el gobierno uruguayo es más tolerante, para decirlo de alguna manera, en el primer caso que en el segundo.

El 27 de junio, el Gobierno emitió un comunicado en el cual reiteró “su grave preocupación frente a la ola de violencia creciente en la República de Nicaragua” y expresó “su consternación por los más de 250 fallecidos, víctimas de la violencia, a la vez que hace llegar sus sinceras condolencias y solidaridad a sus familiares y a todo el pueblo nicaragüense”.

Pero, pocos días después, el Uruguay brilló por su ausencia en la Declaración especial sobre la situación en la República de Nicaragua aprobada el 16 de julio por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Estos países expresaron “su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y la violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil”.

El 18 de julio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos adoptó una Resolución sobre la situación en Nicaragua, en el mismo sentido. El proyecto fue presentado por las delegaciones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Estados Unidos. La resolución se aprobó con 21 votos a favor (incluyendo a nuestro país). Votaron en contra Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela. Hubo siete abstenciones (El Salvador, Grenada, Haití, Surinam, Trinidad y Tobago, Barbados y Belice). Estuvieron ausentes Dominica, San Kits y Bolivia. La Resolución reiteró la “enérgica condena y su grave preocupación por todos los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos, incluyendo aquellos cometidos por la policía, grupos para policiales y otros actores contra el pueblo de Nicaragua”. También se pide “el desmantelamiento de los grupos parapoliciales”.

En este caso, como en el anterior, Uruguay no estuvo entre los países que propusieron la Resolución. Como sucede con Venezuela, el Uruguay se ha alejado de sus vecinos clave.

Los sucesos en Nicaragua también fueron considerados en el Senado. Los partidos de la oposición presentaron un proyecto de declaración condenando enérgicamente al régimen sandinista. No tuvieron los votos. Finalmente se aprobó, por 29 votos en 29, un proyecto más moderado propuesto por el Frente Amplio que condena “a todos los actores de violencia y violaciones a los derechos humanos” y exige al presidente Ortega que cese de inmediato de “la violencia contra el pueblo nicaragüense”. El senador Mujica admitió que “Un sueño se desvía, hay una autocracia. Perdieron el sentido de la vida quienes ayer fueron revolucionarios”.

¿Acaso no puede decirse lo mismo respecto de Venezuela?

Por algún motivo, quizás las divisiones en el seno del Frente Amplio, el gobierno ha adoptado una política exterior de defensa de los derechos humanos ambigua que lo aísla en la región, incongruente y, hasta podría decirse, en el caso de Venezuela, cómplice.

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