Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

Derechos Humanos

El jueves se dio a conocer el Informe sobre los derechos humanos en Venezuela elaborado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet.

El documento abarca los acontecimientos durante el período enero de 2018 a mayo de 2019 aunque en algunas secciones también considera los acontecimientos anteriores, las causas de esta tragedia.

La gravedad de las constataciones realizadas por Naciones Unidas es subrayada por el asesinato del Capitán de Corbeta Rafel Costa Arévalo, a manos de los servicios de inteligencia bolivarianos, el 29 de junio. El Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo que, tardíamente, parece haber comprendido la verdadera naturaleza del régimen de Maduro, expresó su consternación ante la noticia. Más vale tarde que nunca…

El Informe de la Alta Comisionada revela que esa muerte, “en dudosas circunstancias” como dice el comunicado de Relaciones Exteriores, no fue un caso excepcional. Los abusos de los derechos humanos y las muertes en condiciones “dudosas” cometidas por las fuerzas de seguridad bolivarianas son actos usuales y deliberados.

El Informe es el resultado de una amplia investigación. En el documento se deja constancia que, de acuerdo con la metodología “para el monitoreo de los derechos humanos”, la Alta Comisionada, “actuó con la debida diligencia para evaluar la credibilidad y la fiabilidad de todas las fuentes y contrastó la información recopilada para confirmar su validez”. Digan lo que digan Maduro y sus laderos (en Venezuela y fuera de ella) el estudio tiene un sólido fundamento en los hechos.

El Informe se refiere a tres aspectos principales: las violaciones de los derechos económicos y sociales de los venezolanos (incluyendo el derecho a la alimentación, la salud y la vida de la sociedad); las violaciones de sus derechos civiles y políticos (libertad de opinión y expresión, represión selectiva y persecución por motivos políticos, uso excesivo de la fuerza y muertes causadas en el contexto de operaciones de seguridad); y la ausencia de un acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada para las víctimas.

Es la descripción de una política sistemática de intimidación, violencia y crueldad.

Una de las comprobaciones más sorprendente son las actividades de grupos de las fuerzas de seguridad que actúan como verdaderos escuadrones de la muerte, especialmente en los barrios más humildes.

En el Informe se explica que las autoridades bolivarianas clasifican las muertes violentas resultantes de las operaciones de seguridad como “resistencia a la autoridad”. Y agrega: “El número de estas muertes es inusualmente alto. En 2018 el Gobierno registro 5.287 muertes violentas en esta categoría”. Una ONG especializada, agrega el Informe, “notificó por lo menos 7.523 muertes violentas en esta categoría”.

“Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019” -continua el Informe- “el Gobierno notificó 1.569 muertes violentas por ‘resistencia a la autoridad’”.

A esas cifras deberían sumarse las otras muertes causadas por las autoridades bolivarianas. Incluyendo la del joven marino que falleció víctimas de atroces torturas.

Es el terror de Estado como instrumento de dominación al servicio de una cleptocracia sin escrúpulos.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)