Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

Derechos y estabilidad

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidente chilena Michelle Bachelet presentó un nuevo informe sobre Venezuela durante la 42 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la organización mundial.

Bachelet enumeró algunos progresos realizados desde su reciente visita a Caracas y la publicación del su informe, el 5 de julio pasado. El Gobierno de Venezuela confirmó su voluntad de avanzar sobre la base de los compromisos en materia de derechos humanos asumidos durante su visita. Las autoridades excarcelaron 83 personas y se comprometieron a establecer un mecanismo para atender casos individuales. Lo que es alentador.

Los hechos revelan que son gestos nimios cuyo fin es ganar tiempo para que la dictadura continúe consolidándose.

Así, dijo Bachelet, la Asamblea Nacional Constituyente, “a petición del Tribunal Supremo, ha levantado la inmunidad parlamentaria a otros cuatro diputados de la Asamblea Nacional, elevando el total a una parlamentaria y 24 parlamentarios despojados de la inmunidad, incluido su Presidente”. Agregó, “Dos parlamentarios siguen en detención preventiva a la espera de juicio”.

Ese párrafo revela la forma de funcionar de la dictadura de Maduro: el Tribunal Supremo, controlado por Maduro y sus secuaces, pide a la Asamblea Nacional Constituyente (el órgano creado por Maduro para liquidar el Poder Legislativo venezolano), que quite los fueros a los miembros de la legítima Asamblea Nacional (el único órgano legítimo que va quedando y donde tiene mayoría la oposición).

La dictadura también la ha emprendido contra los dirigentes gremiales. En este respecto Bachelet afirmó: “La aplicación de la justicia militar para juzgar civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial”.

En su informe publicado en julio, la Alta Comisionada, utilizando datos oficiales, afirmó que la cantidad de muertes clasificadas como “resistencia a la autoridad” fue 5.287 muertos durante el año 2018 y 1.569 entre el 1° de enero y el 19 de mayo. Las estimaciones de la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) son bastante más altas. En la reciente presentación, Bachelet mencionó que “Tan sólo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones”. Los asesinos pertenecen a las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional (FAES) que, dijo Bachelet, “han recibido apoyo al más alto nivel del gobierno”.

Es impresionante el coraje cívico de las ONGs y personas que colaboran con las Naciones Unidas. Pero, La Comisionada advierte que “Me preocupa la información recibida por mi Oficina según la cual algunas organizaciones de la sociedad civil y sus representantes que colaboraron en la preparación de mi último informe a este Consejo, fueron víctimas de descalificaciones públicas y amenazas por altos funcionarios siguiendo su publicación”.

Entretanto, el salario mínimo bajó de cuando la visita de Bachelet, a siete dólares actualmente. Pero Maduro gasta fortunas desplegando sus tropas sobre la frontera con Colombia.

Una cleptocracia apoyada en las fuerzas armadas y construida sobre el terrorismo de Estado.

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