La idea de que las empresas del Estado pertenecen a todos los uruguayos es uno de los grandes mitos de nuestro país. Dejemos de lado el aspecto jurídico del tema, y vayamos a los aspectos concretos, a la sustancia de las cosas y preguntémonos: ¿Quién dispone de la empresa? ¿Quién define sus metas? ¿Ante quién responden sus autoridades, por sus aciertos y sus errores? ¿Cuáles son las consecuencias de las medidas o estrategias equivocadas para quienes tomaron las decisiones?

La idea de que las empresas del Estado pertenecen a todos los uruguayos es uno de los grandes mitos de nuestro país. Dejemos de lado el aspecto jurídico del tema, y vayamos a los aspectos concretos, a la sustancia de las cosas y preguntémonos: ¿Quién dispone de la empresa? ¿Quién define sus metas? ¿Ante quién responden sus autoridades, por sus aciertos y sus errores? ¿Cuáles son las consecuencias de las medidas o estrategias equivocadas para quienes tomaron las decisiones?

En la práctica, lo que importa no es tanto la existencia de un vínculo formal de propiedad, sino el ejercicio real y concreto de los derechos asociados con la propiedad. Para recurrir a una metáfora muy antigua, lo decisivo es quién corta el bacalao en las empresas públicas.

Por un lado se encuentra una abstracción multitudinaria que llamamos “los uruguayos”. Por el otro lado hallamos una institución muy concreta y sólida como puede ser Ancap, Antel o UTE. Lo determinante en este escenario es el desequilibrio entre el poder político y los recursos materiales de que dispone cada una de las partes y la distancia enorme, frecuentemente insalvable, (en varios sentidos) que separa al teórico titular del derecho de propiedad de los directores del ente público.

En una esquina del ring tenemos a la Sra. Pérez o el Sr. Rodríguez a bordo del 125 al Cerro, y en la otra esquina a los directores de cualquiera de esos entes públicos que toman decisiones que mueven millones de dólares y que involucran el manejo de información financiera y técnica que generalmente sería difícil de comprender o inaccesible para aquellos vecinos.

Las empresas públicas (con alguna excepción significativa) gozan de un monopolio total (caso de refinación de petróleo) o parcial (telefonía) y, ahora vemos, pueden cometer cualquier cantidad de errores o “chambonadas” con total impunidad. El Estado sacará de los flacos bolsillos de la Sra. Pérez y el Sr. Rodríguez el dinero necesario para tapar los agujeros creados por la ineptitud de empresas que, en teoría, les pertenecen.

Para colmo, dentro de esas empresas existen tensiones entre su directorio compuesto por cargos políticos designados por plazos cortos -y que no siempre son técnicos especializados y con experiencia- y los gerentes que han dedicado su vida a la administración de la empresa. Además, desde hace demasiado tiempo las empresas sirven como trampolines para carreras políticas (de la última cosecha salieron un vicepresidente, un ministro y un senador).

Hace unos años, nuestra sociedad decidió en un plebiscito mantener las empresas públicas y los plebiscitos deben respetarse.

Pero ahora nos encontramos ante otro tipo, quizás aún más problemático, de privatización. Aunque no se han privatizado las empresas públicas, éstas privatizan su gestión mediante la creación de compañías de derecho privado, para eludir los controles de las empresas públicas.

Finalmente, el Uruguay ha creado el paraíso de los burócratas estatales. Las empresas públicas crean compañías que no corren ninguno de los riesgos de las privadas (su propietario es el Estado que las puede subsidiar o rescatar, si fuera necesario), pero que operan como privados y sin ninguno de los controles a que se encuentra sujeto el Estado.

La distancia que separa a la Sra. Pérez o el Sr. Rodríguez de “su” empresa pública se ha ampliado aún más.