Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

Chocolate espeso

Uno de los principios fundamentales que proclamaron los pueblos en su larga lucha para limitar el absolutismo de los monarcas fue que "no hay impuestos sin representación".

La idea de que los únicos impuestos legítimos son los aprobados por un parlamento donde están representados quienes deben pagarlos. El resultado es que hoy en día las funciones esenciales de los parlamentos incluyen, precisamente, aprobar o no los impuestos que propone el siempre insaciable Poder Ejecutivo. Esa función persigue dos objetivos: defender a los ciudadanos de los abusos de poder del gobernante y asegurarle al parlamento una medida de control sobre la gestión del gobierno. Esa evolución institucional se encontraba ya reflejada en la Constitución de 1830 y se cristalizó en el artículo 87 de nuestra Constitución, que dice: "Para sancionar impuestos se necesitará el voto conforme de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara".

Un viejo refrán hispano nos aconseja: "las cuentas claras y el chocolate espeso". Bajo su aparente llaneza ese refrán encierra una considerable sabiduría práctica. Destaca la importancia de la transparencia; reconoce el valor de la franqueza y la rectitud; y pone énfasis en la importancia de asumir la responsabilidad por las decisiones y los actos. Conceptos tan aplicables a la vida familiar, como a la gestión de las empresas y, también, a la administración de la República (que por algo es la res pública).

La existencia de las empresas públicas, y su considerable poder económico, sumado a su sumisión al Poder Ejecutivo, le ha ofrecido a sucesivas administraciones (desde hace mucho tiempo, en esta materia el Frente Amplio no ha inventado nada), la oportunidad de extraer más dinero de los bolsillos de los contribuyentes sin necesidad de incrementar los impuestos. Es un instrumento que tiene sus ventajas: esas gabelas encubiertas no generan un costo político tan alto como los impuestos porque no requerirán la aprobación del parlamento y pueden ser establecidas con relativa facilidad; duelen menos ya que están incluidas en los precios que cobran las empresas públicas; y están legitimadas por el mito que aún conserva cierta vigencia en nuestra sociedad, de que las empresas del Estado son de todos los uruguayos.

El estudio publicado en la sección "Qué Pasa" de El País (17 de diciembre) revela hasta qué punto se ha desnaturalizado la misión específica de las principales empresas públicas para convertirlas en fuentes de recaudación "cuasi-impositiva".

En el período enero-octubre 2017, UTE, el ente que realiza el mayor aporte, trasladó a Rentas Generales el 13,5 % de sus egresos en concepto de dividendo en efectivo y el 22 % en concepto de impuestos (incluyendo IVA y el IRPF de sus funcionarios). En total el 35 % de sus egresos. En el 2016, Ancap aportó el 33 % de sus egresos a la DGI. Aunque este ente es un caso especial debido a la brillante gestión de sus directores que fundieron una empresa petrolera monopólica.

Esta práctica viola la Constitución y, convenientemente, opaca la gestión del gobierno porque oculta la verdadera dimensión de la carga impositiva que deben soportar los ciudadanos.

Además, muchos opinarán que sería mucho más conveniente que las ganancias generadas por esas empresas fuesen invertidas en reducir sus tarifas y mejorar sus servicios.

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