Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

Carta democrática

La 48a. Asamblea General de la OEA inició el procedimiento previsto en los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender a Venezuela de su derecho de participación en la organización.

La Resolución sobre la situación en Venezuela afirma un concepto fundamental: la Carta de la Organización "reconoce que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa". Luego enumera algunos de los elementos esenciales de la democracia representativa: "el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos".

Es evidente que lo que el presidente Maduro ha definido como una democracia diferente, no reúne los elementos esenciales de la democracia representativa.

La Resolución de la OEA cita como antecedentes la resolución del 3 de abril de 2017 que declaró que había ocurrido una alteración inconstitucional del orden constitucional en Venezuela; el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela", de febrero de 2018; y la resolución del 23 de febrero de 2018. En esta, el Consejo Permanente solicitó "al Gobierno de Venezuela reconsiderar la convocatoria a elecciones presidenciales e implementar las medidas necesarias para evitar el agravamiento de la situación humanitaria".

La cleptocracia venezolana no presta atención a las exhortaciones e informes de la OEA y otros organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales y persiste en su estrategia de consolidar su dictadura.

Con el diario del lunes, es evidente que las indicaciones de ese proyecto ya existían hace años.

Una advertencia importante fue la decisión del presidente Chávez, de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos. Esa denuncia entró en vigor en septiembre de 2013 y representó un gran retroceso en el proceso de consolidar y extender el sistema interamericano de derechos humanos. Como consecuencia los venezolanos perdieron una instancia de protección de sus derechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los ciudadanos de otros estados americanos continúan gozando de esta garantía. Pero, en aquel momento, esa luz roja fue ignorada porque nos encontrábamos en la cresta de la ola del chavismo, respaldada por su generosa billetera repleta de petrodólares.

Avanzando en el mismo camino, Maduro denunció en febrero de 2017 la Carta de la OEA. El proceso tomará dos años en completarse.

No faltarán quienes aplaudan esas decisiones como ejemplos de antiimperialismo y, mejor aún, de anti-yanquismo.

Pero esa retórica sesentista no consigue ocultar que el verdadero objetivo del "progresismo real" venezolano es anular cualquier escrutinio externo de sus violaciones de los derechos humanos para, de esta manera, consolidar su dictadura. Y lo está logrando.

Afortunadamente, los intentos para esconder lo que realmente sucede en Venezuela no serán igualmente exitosos.

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