El gobierno anunció una comisión para el seguimiento del colector submarino argentino.

La decisión del gobierno de designar una comisión encargada de realizar un seguimiento de las obras del colector submarino que construye Argentina, es una reacción positiva. El tema es de competencia de nuestro país porque el colector verterá aguas servidas (con un tratamiento intermedio) en la zona de uso común del Río de la Plata.

Un curso de agua compartido por Argentina y Uruguay y sujeto a un completo régimen jurídico estipulado en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.

El objetivo del proyecto de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo es suministrar una solución económica y de largo plazo para disponer de aguas servidas del Área Metropolitana de Buenos Aires. Las obras físicas del emisor subacuático se han completado en el 71,1%, incluyendo la construcción de un túnel subacuático de 12 kilómetros. De acuerdo al Banco Mundial, una vez terminado el sistema, el emisor vertería una carga anual de aguas servidas con un cierto nivel de tratamiento, de hasta 378 millones de metros cúbicos por año.

Al considerar esta información es importante considerar tres aspectos.

Primero, el propósito de emprendimiento es transferir el punto de salida de la contaminación generada por una amplia cuenca de la región metropolitana de Buenos Aires, de la costa del Río de la Plata a una distancia de 12 kilómetros de la costa. No se crean nuevas emisiones, sino que se transfiere las que ya existen a las aguas de uso común del río.

Segundo, el verdadero problema ambiental no surge ahora, durante la construcción del emisor subacuático, sino después, una vez que el sistema entre en funcionamiento. Es una desafío de largo plazo.

Tercero, aunque es preocupante que esa masa de aguas servidas sea introducida en el Río de la Plata a una corta distancia de la costa uruguaya, también debemos tener presente otros factores clave. Estos incluyen el caudal del río, su capacidad de oxigenación y la orientación de sus corrientes que disolverán y arrastrarán aquellas aguas.

Aquí entramos en el terreno de los oceanógrafos y biólogos marinos. Afortunadamente, poseemos una amplia base de datos y estudios científicos sobre esos temas compartida, elaborada por el proyecto binacional argentino-uruguayo FREPLATA.

Finalmente están las obligaciones estipuladas en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.

Los dos países tienen la obligación general de proteger y preservar el medio acuático y, en particular, de prevenir su contaminación. Como parte de esas obligaciones, los dos países le asignaron a la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) los cometidos de “Promover la realización conjunta de estudios e investigaciones de carácter científico, con especial relevancia a la prevención y eliminación de la contaminación y otros efectos nocivos que puedan derivar del uso, exploración y explotación de las aguas del Río” y de cumplir aquellas funciones “que las Partes convengan otorgarle en su Estatuto o por medio de notas reversales u otras formas de acuerdo”.

Crear una comisión como se ha anunciado es un avance importante. Sin embargo, será una medida unilateral. El emisor, en cambio, es un desafío que involucra -de diferentes formas- a los dos países ribereños. La situación requiere una solución binacional.