Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

Ayudar a la confianza

En el caso de los proyectos de infraestructura en gran escala, los sistemas de control ambiental tienen dos grandes funciones.

La primera es controlar que la nueva infraestructura no genere contaminación. La segunda, es demostrar que no se ha producido tal impacto ambiental desfavorable. Esta función es especialmente importante en el caso de los proyectos con un impacto transnacional porque, si se instalan sistemas bilaterales de verificación que funcionen en forma eficaz y transparente se contribuirá a generar confianza y se evitarán recriminaciones y situaciones ríspidas entre las sociedades nacionales involucradas. Situaciones que pueden envenenar la agenda de las relaciones entre los dos países. ¿No les suena conocido?

Esa es una de las lecciones que se puede extraer de la práctica, de décadas, de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y de la aplicación de los mecanismos de vigilancia ambiental establecidos conjuntamente por Argentina y nuestro país, luego de la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso de las pasteras. Esos instrumentos, primero, aseguran en forma permanente y sistemática que la planta industrial cumpla con los parámetros ambientales estipulados; segundo, los resultados, obtenidos mediante procedimientos compartidos aceptados, están a la disposición de las autoridades ambientales de los dos países; y, tercero, esa información es divulgada ampliamente (gobernanza) en el seno de las dos sociedades civiles.

Al revés de lo que podría pensarse, en la práctica, el principal aporte de ese sistema de control binacional es demostrar que no existe contaminación.

Para recapitular: en el año 2009, la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) presentó un proyecto para construir un emisor subacuático de 12 kilómetros de longitud que desembocará en las aguas de uso común del Río de la Plata interior. Esa presentación se realizó dentro del marco de los artículos 17 - 22 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. La Delegación Uruguaya de la época aprobó el proyecto.

Desde entonces se le han realizado modificaciones al proyecto presentado y las obras avanzan sostenidamente (el emisor entraría en servicio dentro de un año).

En agosto del año pasado, El País, informó que el director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) consideraba que el emisor es un “tema todavía pendiente” y que lo que sabía era “más que nada la información periodística que ha salido en los medios”. También explicó que, si estaban en “contacto con Cancillería respecto al efluente de las papeleras, pero no sobre el emisario”.

Han pasado doce años desde que Uruguay dio su aprobación.

Parecería que, para el Ministerio de Relaciones Exteriores existe un muro conceptual insuperable que aísla lo que sucede en el río Uruguay de lo que acontece en el Río de la Plata y que las lecciones aprendidas en el primero no son aplicables en el segundo. Esta visión es perjudicial para nuestros intereses.

Es evidente que desafíos similares exigen soluciones similares.

Lo peor es que Argentina y Uruguay ya disponen de los medios jurídicos y técnicos hábiles para instalar mecanismo sólidos y confiables de control ambiental para el emisor.

Lo que ha faltado es la voluntad política de hacerlos funcionar.

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