Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

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Los informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, confirman (y amplían) las denuncias de violaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Venezuela cometidos por la dictadura encabezada por Maduro, provenientes de otras fuentes.

El despliegue de “maldad insolente”, para citar a Discépolo, de que hace gala ese personaje es una advertencia de adonde puede llevarnos el ejercicio del poder sin control y sin vergüenza. Todo envuelto en palabrerío sesentista.

La situación en Venezuela tiene varias dimensiones.

La primera es interna. Las matanzas de personas que, según el gobierno, se resisten a la autoridad (lo que recuerda el consejo de un distinguido líder de la coalición que nos gobierna, de que es mejor no pararse frente a una tanqueta), la catástrofe económica, la corrupción universal y la destrucción de los poderes constitucionales, son hechos notorios.

La segunda es externa.

Los acontecimientos en Venezuela tienen repercusiones fuera de fronteras y tienen un impacto regional.

Así, la emigración de millones de venezolanos que emprenden el camino del exilio para sobrevivir y ayudar a sus familiares que permanecen en el paraíso bolivariano. Pero, quizás, lo más doloroso sea el reproche que significan las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de nuestros hermanos venezolanos por parte de la dictadura para quienes tienen la buena fortuna de vivir en democracias (o, como las describió, Fidel Castro en una frase inolvidable, las “pluriporquerías”). A lo que se suman las amenazas más o menos explícitas de Maduro hacia otros países de la región.

La política internacional, como sucede, en otra escala, con muchas facetas de nuestras vidas, fatalmente nos pone frente a elecciones y compromisos no siempre confortables. No es fácil encontrar el mejor camino entre valores, prioridades e intereses distintos o incompatibles.

Por un lado, tenemos la necesidad de defender los principios de igualdad soberana de los Estados, el deber de los Estados de abstenerse del uso o amenaza de la fuerza y el de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Por el otro, está la obligación de tutelar los derechos humanos que son indivisibles y no conocen fronteras.

Lo que corresponde es darle primacía a la protección de los derechos humanos.

Por tres motivos: por una cuestión de solidaridad con nuestros semejantes; porque la experiencia indica que las dictaduras tienden a convertirse en amenazas para la paz regional; y porque contribuir a que se respeten los derechos humanos en otros países es la mejor forma de tutelarlos en nuestro país

Hoy en día es un principio aceptado que los Estados no pueden escudarse en su soberanía territorial y en el principio de no intervención para evadir la censura internacional por las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en su territorio.

Existe una sólida base de Derecho Internacional consuetudinario y convencional que establecen las obligaciones de los Estados en esta materia. Los intentos de algunas dictaduras, como la de Venezuela, para zafar de esos deberes no pueden servirles para escapar de sus obligaciones.

Dime cuál es tu posición sobre la dictadura venezolana y te diré cuan serio es tu compromiso con la democracia en el Uruguay.

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