No digo que haya pasado desapercibido pero sí que no fue debidamente valorado. La semana pasada se concretó la recuperación para sus legítimos dueños de varias casas en Los Palomares de Casavalle.

El gobierno se dispuso a poner coto y neutralizar una tendencia a la permisividad que ha venido enfermando el alma del país y el respeto que nos debemos a nosotros mismos como nación.

Lo que sucedía era horrible. Bandas criminales llegaban a casas del vecindario y obligaban a punta de pistola a sus propietarios a entregar sus viviendas con todos los enseres que tenían dentro y mandarse mudar. Semejante violencia y atropello estaban instalados en esta sociedad que habitamos (Los Palomares no queda en Nicaragua o Venezuela).

El gobierno armó un plan para convencer a las familias desalojadas a que presentaran denuncia, protegerlas debidamente del riesgo de muerte que la denuncia conlleva y luego proceder al desalojo de las casas y procesar a los hasta ahora impunes usurpadores.

Pero el gobierno no solo recuperó un territorio que había perdido en Los Palomares; recuperó algo mucho más importante: se recuperó a sí mismo de dos cosas. Por un lado, de la desidia y, por el otro —lo más importante— se recuperó de una mentalidad de falsa compasión y de permisividad que ha empujado muy lejos los límites: tan lejos que se han perdido.

La mentalidad del Frente Amplio abriga (y a veces cultiva) una tendencia a perder de vista (y de aprecio) los valores sociales de orden y respeto. Ha considerado que esas son cosas de otras épocas, resabios burgueses, y que el ejercicio de la autoridad es más propio de las dictaduras. De ese pensamiento nacen abusos que vemos todos los días (en el Casavalle, en la Facultad de Ciencias Sociales y en otros lados).

En el Uruguay se han producido deformaciones urbanas donde se deslegitimó la ley y la presencia del estado y se implantó una cultura de prepotencia. El abuso de los poderosos del lugar sustituyó al gobierno y quedó la ley del más fuerte.

La pandilla era más fuerte que el gobierno porque el gobierno tenía la debilidad en la propia cabeza (más allá del armamento policial). La falta de respeto por la ley terminó siendo la consecuencia anunciada de la mentalidad arriba descrita: es aquello de que lo político está por encima de lo jurídico o de que en el Uruguay hay un exceso de democracia.

El procedimiento en Los Palomares fue bien preparado y prolijamente ejecutado: gran parte del mérito le cabe a Gustavo Leal. Su principal mérito —en mi opinión— es haberse animado a aplicar la fuerza y la decisión necesarias sobre una deformación cultural que tiene domicilio conocido en Los Palomares y también en el Frente Amplio.

Resulta extraño que cuando los candidatos de la oposición enumeran los problemas del país sobre los que habría que tener una acción mancomunada no mencionen la desvaloración del sentido de la autoridad y la necesidad de restablecerla para que sea posible gobernar. La tramitación civilizada y reglada de los conflictos de intereses normalmente presentes en la sociedad es hoy una idea exótica. La descomposición social no es una cuestión económica: es el abandono y la desaparición de valores.