El Uruguay ha perdido el rumbo en temas sustanciales. Con dolorosa frecuencia aparecen reacciones y decisiones de una tosquedad difícil de explicar. Sucede en el ámbito de la justicia; la justicia no solamente en cuanto instinto social sano sino como ordenamiento cultural e institucional que corresponde a una sociedad de civilización desarrollada: el Poder Judicial como garantía de imparcialidad y como ámbito definitivo de solución de controversias.

El Uruguay ha perdido el rumbo en temas sustanciales. Con dolorosa frecuencia aparecen reacciones y decisiones de una tosquedad difícil de explicar. Sucede en el ámbito de la justicia; la justicia no solamente en cuanto instinto social sano sino como ordenamiento cultural e institucional que corresponde a una sociedad de civilización desarrollada: el Poder Judicial como garantía de imparcialidad y como ámbito definitivo de solución de controversias.

Veamos dos episodios de esta semana. El primero refiere al dirigente sindical José López, alias Joselo, y al Pit-Cnt. Todos sabemos lo que pasó en el hogar de menores porque fue grabado y el video fue visto por el Uruguay entero. A raíz de eso, en medio del escándalo universal, el Pit-Cnt dispuso la creación de una comisión investigadora propia para establecer si Joselo efectivamente había actuado mal o no. El susodicho, como se sabe, ya había sido procesado sin prisión por la justicia ordinaria.

Según informes de prensa, ese tribunal estaría ya dispuesto a absolver a Joselo López: pero eso es lo de menos. Lo que resulta grotesco es que la central sindical invente una especie de tribunal de alzada para absolver a quien la justicia del país ya condenó.

Es como si Tenfield creara un tribunal para decirnos a todos si Paco Casal obró bien o no. Ese mismo tribunal doméstico del Pit-Cnt ya procedió a absolver a los dirigentes sindicales a través de cuyos tejemanejes los dineros del plan de viviendas terminaron en manos de prestamistas.

La otra muestra de desubicación y de falla en percibir la diferencia entre lo accesorio y lo principal aparece en declaraciones de Mujica sobre el procesamiento de Amodio Perez. Dijo Mujica: Amodio me importa poco. A esta altura de la historia a mi también me importa poco Amodio (y mucho menos el cobro de cuentas viejas entre viejos). Pero me importan muchísimo los procedimientos judiciales.

Amodio estaba preso legítimamente por haber robado bancos, matado policías y/o puesto bombas o cosas por el estilo y ayudó a los mismos que lo habían apresado a él a detener a otros sujetos que estaban requeridos por el mismo tipo de actos que él, Amodio, había cometido. ¿Cuál es la privación ilegítima de libertad: la segunda y no la primera? No soy abogado pero no veo mucha diferencia (exceptuando la traición invocada por otros tupas y cuya “denuncia” parece haber recogido la jueza).

Como no soy abogado recurro a fuente más autorizada. El Dr. Alonso Liard, ex juez, expresó: denunciar al presunto autor de un delito a las autoridades actuantes no puede ser considerado un hecho ilícito y menos aún su “señalamiento” en sede judicial. Pero lo más grave es que a esa conducta, de por sí lícita, se la asocie a un delito de privación de libertad, dado que el eventual encarcelamiento de los denunciados (“señalados”) era un acto lícito, lo cual disipa cualquier posibilidad de privación ilícita de libertad. De manera que la requisitoria fiscal es “manifiestamente improponible”. Una imputación penal basada en hechos lícitos es un claro error inexcusable que, en este caso, compromete la garantía del debido proceso.

El Uruguay supo ser un lugar serio. Atravesamos hoy situaciones que llevan a pensar que nos hemos convertido en un país de pacotilla, aplicado a poner en escena con inapropiada solemnidad desplantes de tosquedad primitiva y de ignorancia en asuntos sumamente delicados.