JUAN MARTIN POSADAS

Nunca es fácil tener una percepción exacta de la ubicación de los malestares sociales. A veces la dificultad radica en que se trata de malestares muy profundos, enclavados en una oscuridad tal que, prácticamente, no revelan síntomas claros.

Otras veces la dificultad en identificar la verdadera naturaleza de un malestar social radica en lo contrario, es decir, el manoseo, el lleva y trae, la exposición interesada. Tengo la impresión de que se está condensando un malestar en la sociedad uruguaya en torno a la justicia.

En todas las sociedades y en todas las épocas el hombre se ha planteado el tema de la justicia, y se lo plantea en términos de interrogante y en términos de clamor. La vida misma lo plantea porque la vida es injusta: otorga bonanza al malvado y propina rigor al justo. Todos hemos sentido -y sentimos- eso como interrogante y como clamor.

Pero, más allá de ese plano general (aunque por ello no menos real y concreto) las sociedades y sus miembros aspiran a que, en el acotado y estrecho margen del cumplimiento de las leyes que cada sociedad se da, haya justicia, es decir, una exigencia igualitaria frente a la ley y una aplicación igualitaria del castigo para quien transgrede.

Esto, en concreto, refiere a los tribunales, a los trámites procesales debidos y a los jueces y fiscales.

En nuestro país hubo tradicionalmente una disposición de respeto hacia jueces y administradores de justicia. Ellos tuvieron una ubicación prestigiosa en el reconocimiento espontáneo que las sociedades suelen otorgar. Hoy me temo que ya no sea así; empieza a cambiar.

En la actualidad es cada vez mayor el número de uruguayos que, contrariando su tradicional predisposición, dicen sentirse desamparados por la justicia y se preguntan doloridos qué hacer con sus reclamos.

No nos quedemos en los casos notorios que nos desviarían hacia otras consideraciones; lo hemos oído en el mundo de las relaciones comerciales, en la incobrabilidad de las deudas, en la imposibilidad de hacer valer los contratos; lo hemos oído en el mundo de las relaciones laborales; y lo hemos oído en la calle y en los barrios, en boca del almacenero que ha sido asaltado diez veces por delincuentes que gozaban de salidas transitorias... se lo oímos a los abogados y a los agentes policiales.

No es cuestión de fabricar alarmas, pero tampoco es cuestión de escamotear percepciones que son reales.

El peor abordaje que podría tener este problema sería dispararnos presurosos en la búsqueda de alguien a quien echarle la culpa. El afán por identificar culpables (residente estable afincado en las costumbres nacionales) distorsiona cualquier planteo honesto del problema así como la posibilidad de encontrar o fabricar soluciones; lleva a algunos a abrir el paraguas y hace a otros salir corriendo para aprovecharse del escándalo.

Es menester tratar las cosas con seriedad; nadie puede honestamente negar que en nuestro país, en nuestra sociedad, existe malestar en torno a la justicia.

Y eso es algo que debe ser tomado en cuenta en todos los ámbitos pertinentes: en la Suprema Corte, en las fiscalías, en el Parlamento, en el gobierno, en los partidos políticos, en los ámbitos intelectuales, en los medios de comunicación...

La sociedad uruguaya siente ese malestar. Si, a la vez, sintiese que, por lo menos, se está tomando nota, es una cosa; si se lo pretende escamotear sería otra, bastante más grave.