Juan Martín Posadas
Juan Martín Posadas

La iglesia y estado

Un siglo y medio atrás había en nuestro país un problema estruendosamente debatido: la separación de la Iglesia y el estado. Actualmente se trata de un asunto superado; la Iglesia Católica y el estado uruguayo están separados y todo el mundo está de acuerdo que eso es lo mejor para ambos.

Un siglo y medio atrás había en nuestro país un problema estruendosamente debatido: la separación de la Iglesia y el estado. Actualmente se trata de un asunto superado; la Iglesia Católica y el estado uruguayo están separados y todo el mundo está de acuerdo que eso es lo mejor para ambos.

La izquierda uruguaya, sin embargo, sigue hoy defendiendo con uñas y dientes una unión de ese tipo. No se refiere, naturalmente a la Iglesia Católica pero sí a una utopía obligatoria, a una actitud devota, al peso de lo doctrinal, al acatamiento religioso a su autoridad, rasgos éstos que caracterizan a la izquierda dogmática.

La separación de Iglesia y estado terminó siendo aceptada por todos porque resulta evidente que para el manejo de la sociedad —sobretodo si se trata de una sociedad moderna, compleja y que valora la democracia— los dogmas no pueden ser lo que oriente las decisiones gubernamentales en el orden de la economía, las relaciones internacionales, la defensa nacional y demás. Los gobiernos tienen que ser laicos.

La izquierda uruguaya —más o menos como todas las izquierdas del mundo— funciona de un modo religioso. El tipo de adhesión que se reclama de sus miembros es religioso; la lealtad practicada y exigida también lo es, así como la forma de conducción o ejercicio de la autoridad en su seno.

Este funcionamiento de tipo religioso se puede ver en lo que vulgarmente se conoce como bajada de línea y el brazo de yeso, es decir, el voto regimentado desde arriba, sea en las asambleas sindicales o estudiantiles, sea en el Parlamento. En esas instancias —pongamos por caso los diputados y senadores— los individuos acatan una indicación u orden a votar algo aún si está en contra de sus convicciones personales. No me refiero a episodios como el reciente de aquellos senadores frentistas que votaron la ley de responsabilidad penal del empleador después de haber declarado su desacuerdo. En este caso fue simplemente la cobardía de un partido que siente su declinar, que percibe la fatiga de los materiales, tiembla por la eventual merma del apoyo del PIT-CNT y no tiene nada nuevo para ofrecer ni en términos de candidaturas ni de propuestas: en suma, un partido que teme perder y tiene miedo de ganar.

El comportamiento tipo unión iglesia estado se vio con diáfana claridad cuando los legisladores frenteamplistas votaron aquel engendro para hacer desaparecer (sic) la ley de caducidad. Todos los legisladores influyentes del Frente Amplio (los otros siguen en bandada) habían expresado públicamente su compromiso de no modificar dicha ley. Todos se habían declararon asimismo respetuosos de los pronunciamientos populares. (en este asunto había habido dos tales pronunciamientos). Pero fue accionado el mecanismo de la obediencia debida (que han criticado tanto) y, sobretodo, funcionó el miedo a la excomunión. Este fue un caso paradigmático pero es sobre esa base que funciona el día a día: la lealtad de los devotos no es hacia la República sino hacia el partido, la fe suplanta la política.

Los episodios relevados muestran con claridad cuán inconveniente es unir o mezclar una fe, aunque sea partidaria, con el funcionamiento de un gobierno. No quiere esto decir que la política no tenga principios ni moral. Quiere decir que el acatamiento a una autoridad dogmática que ahoga las convicciones y las responsabilidades personales es políticamente un veneno. Resulta urgente devolverle la laicidad a la política uruguaya.

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