Esta columna versará sobre el debate televisivo obligatorio de los candidatos a la Presidencia. Adelanto que tengo, al respecto, una opinión negativa (como se podrá comprobar en lo que sigue).

Escribo deliberadamente antes de que tenga lugar el debate Martínez-Lacalle fijado para el próximo 1° de octubre a fin de evitar que mi pensamiento se vea influenciado con lo que eventualmente pueda pasar en dicho inminente y promocionado debate.

Antes de referirme al debate en sí quiero aclarar que, en mi opinión, haber establecido por ley su obligatoriedad lo pone al nivel de la prohibición de poner saleros en las mesas de los restaurantes. Además, hacer obligatorio algo que se pregona como tan bueno es suponer tontos a los candidatos, incapaces por sí solos de percibir las virtudes del instrumento y necesitados del rigor de la ley para adoptarlo. La sanción prevista para quien se niegue al debate es la pérdida de la asistencia del estado, es decir, el dinero con que oficialmente se apoya y facilita el cumplimiento ciudadano de la obligación de votar. Penoso.

El impulsor de esta ley fue el diputado Amado, navegante político que, en poco tiempo, ha recalado y abandonado sucesivos puertos en su derrotero hacia un previsible naufragio terminal. Pero esta ley ha sido votada por todos los Partidos políticos. Quizás haya en ello una actitud muy uruguaya que podría resumirse en la satisfacción de declarar obligatoria la virtud.

A este debate televisivo se le endilga un valor supremo: si se da, convierte en óptima la campaña electoral y si falta, la descalifica. Según sus panegiristas -sobre todo los de los medios de comunicación cuyos sedientos bolsillos esperan con ansias el momento de la cosecha- este sería un medio insustituible para que la población pudiera votar con conocimiento porque allí se verían claramente las cualidades y condiciones para el cargo de los candidatos contendientes.

En los hechos, todos los candidatos se dan a conocer espontáneamente cuatro o cinco veces por día, todos los santos días, en cuanto medio de prensa les pasa cerca. A ninguno hay que obligarlo. El formato de debate televisivo es un medio más y nada más, pero ha pasado a ser un fetiche. Le recuerdo al lector el memorable cuento de Paco Espínola titulado “Rodríguez” que marca la diferencia entre lo espectacular y lo efectivo.

El formato de debate como instrumento para facilitar el conocimiento es, en este caso, inconveniente; más bien confunde, porque las condiciones para la polémica no son las condiciones de gobernante. Pongo un ejemplo: Andrade se luce en la polémica, maneja sus argumentos como ametralladora, nunca duda: pero no escucha al otro, no deja hablar, no le interesa lo que el otro tenga para decir porque él ya tiene las respuestas. Es decir, carece flagrantemente de condiciones para gobernar, sobre todo en un gobierno de coalición. El debate puede hacer brillar al que no sirve.

También es inconveniente este formato de debate porque inducirá a la población a otro error (bastante extendido) que es considerar a los gobiernos como un asunto de gestión personal del Presidente. Un candidato brillante podrá ganar una elección casi por si solo pero no podrá gobernar solo: siempre gobierna un Partido y si no hay un Partido gobernado hay desgobierno (recordemos el período de Mujica).

Las elecciones que se nos vienen abrirán un tiempo de novedad; cómo será exactamente esa novedad no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que quedará atrás.