Para alcanzar una solución a cualquier problema es imprescindible plantearlo correctamente: lo que arranca mal planteado termina en confusión. Nuestro país se ha convertido en experto en confusiones generadas por malos planteamientos.

La discusión actual encrespada en la tenaz resistencia a la aplicación de fondos del Instituto de Colonización en la erradicación de asentamientos se lleva el primer premio.

Lo que está en discusión es el origen de los fondos, no el destino. La discusión se ha enredado y se ha hecho confusa a causa de una defensa ciega de Colonización, sin revisar un poco qué es lo que se está defendiendo. Algunos -muchos- dan por supuesto que el Instituto de Colonización sea algo que ya no es y que sirva para lo que ya no sirve. La ley de colonización fue una respuesta adecuada para la situación del campo uruguayo en la década del 40 del siglo pasado. Desde aquella lejana época el campo uruguayo ha cambiado totalmente; hoy es otra cosa y quedar agarrado a aquella respuesta es no tener idea de la realidad. Sé de lo que estoy hablando. Mi primer pasaje por el interior fue de dos años: 1960 y 1961 y el último período, con intermitencias, terminó a fines del 83. Aquello a donde llegué y luego lo que dejé fueron dos cosas distintas. Y hoy, año 2021, la transformación es aún mayor.

El Instituto de Colonización actualmente tiene-administra-arrienda-vigila unas 600.000 hectáreas. No conozco una evaluación de su gestión. ¿Resultan las colonias? ¿Tiene sentido que siga comprando tierra? Al día de hoy tiene 40.000 hectáreas aún sin adjudicar. El mecanismo por el cual el Instituto de Colonización se hace de tierras para repartir es interviniendo cuando hay una venta. Es decir, no se trata de tierras baldías sino de una unidad productiva -mejor o peor manejada- que su dueño pone en venta. El instituto compra, fracciona y adjudica. En el tiempo de la creación del Instituto -Presidencia de D. Tomás Berreta- este procedimiento se llevaba a cabo cuando salía a la venta alguna enorme extensión de estancia cimarrona: puro campo bruto. Hoy son unidades en producción. No se mejora la producción fraccionando: generalmente es económicamente contraproducente.

A esto se le suele responder que no es un criterio económico sino un criterio social lo que orienta la política de colonización: es para poblar la campaña. Nuevo desconocimiento de la realidad. La ley de colonización obliga al colono a residir en la fracción adjudicada: eso hoy es un atraso. El hombre de campo -peón, colono, arrendatario o pequeño propietario- tiene claro que para él y su familia es más conveniente afincarse en cualquier poblado cercano (de esos que en Montevideo nunca ni oyeron hablar, como Passano en Treinta y Tres, La Catumbera en Cerro Largo y otros). Allí encuentra agua, luz de UTE, señal para el celular, escuela, una policlínica donde acude una enfermera un par de días a la semana, hay una canchita de fobal para entreverarse los domingos y un boliche para socializar después del partido con un truco y una copa. Al campo a trabajar va y vuelve en su moto, todos los días o por lo menos, los lunes. La idea de poblar la campaña hoy no es cada familia aislada en su rancho perdido en la soledad: eso es volver al siglo XIX.

No es razonable seguir defendiendo una vaca sagrada con argumentos perimidos que no se sustentan hoy en día, ni como política económica ni como política social. Ya Fernando Oliú se quejaba de “una cultura nacional basada en la repetición”.