Juan Andrés Ramírez
Juan Andrés Ramírez

Sobre Derechos Humanos

En las últimas décadas en el Uruguay, se ha pretendido innovar en materia de organización institucional del Estado, con transformaciones no siempre prudentes y reflexivas.

El paso más grave, en esa línea, consistió en la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

Veamos por qué.

Por la ley N° 18.446 de 2008, se la creó como una institución del Poder Legislativo que tiene por objetivo “la defensa, promoción y protección en toda su extensión de los derechos humanos” (art. 1°), estableciendo que ella es absolutamente independiente “no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad” (art. 2°).

Y bien, las competencias asignadas a la Institución por su artículo 4°, se refieren a dos tipos de actuaciones:

a) las de carácter general, emitiendo propuestas y opiniones, relativamente al Orden Jurídico nacional e internacional; y

b) las de carácter individual -esto es relativamente a sujetos determinados, particulares o funcionarios- juzgando si ellos han cometido supuestas violaciones a los DDHH. (literales. J, K y L).

Así el lit. J dice: “J) Conocer e investigar presuntas violaciones a los derechos humanos, a petición de parte o de oficio, de acuerdo al procedimiento que se establece en la presente ley”.

Aquí, el nuevo órgano actúa como un verdadero Tribunal de Justicia, pero -increíblemente- violando la Constitución y todas las reglas del debido proceso.

1) Le otorga función jurisdiccional a un órgano público por fuera del Poder Judicial o el T.C.A., como debería ser de acuerdo a la Constitución. Que se trata de función jurisdiccional, surge del propio contenido de la resolución que dicta: la Institución decide, luego de investigar los hechos denunciados, si existió una violación al Derecho, en una de sus manifestaciones más valiosas -como son los DDHH- identificando al responsable, funcionario o particular.

Si bien la ley establece expresamente, en su art. 3°, que la Institución solo hará “recomendaciones”, lo cierto es que la publicación de oficio de la resolución, en que se concluye que se considera que un sujeto individualizado ha realizado una conducta reprobable (violar derechos humanos), en sí misma tiene carácter aflictivo y, por ello, configura una verdadera sanción. Por lo tanto juzga y sanciona.

Por consiguiente, aunque se pretenda vestir la resolución con un ropaje jurídico distinto, en las hipótesis de los literales J, K y L del artículo 4°, la Institución desarrolla como juez, función jurisdiccional, en una única instancia, violando la Constitución por vulnerar el principio de Separación de Poderes, que representa una garantía fundamental de nuestro Estado de Derecho.

Pero no solo se vulnera ese principio.

Es peor aún: el ejercicio de esa función lo realiza en violación de muchas otras garantías individuales que son, paradojalmente, derechos humanos, de rango constitucional, a los que ella debería proteger

2) Así, el art. 20 de la ley establece que la investigación que lleva acabo la Institución, para identificar a un responsable por la violación de DDHH, debe llevarse en un procedimiento “sumario”, “informal” y “reservado”. (Artículo 20 inc. 1°: “ (Sustanciación).- Admitida la denuncia, el Consejo Directivo de la INDDHH realizará una investigación inmediata de carácter sumario, informal y reservado, tendiente a esclarecer los hechos denunciados).

Véase, que cuando la investigación se realiza por Jueces del Poder Judicial -por imperio del artículo 23 de la Constitución- ellos mismos “serán responsables ante la ley de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas, así como por separarse del orden de proceder que en ella se establezca”, mientras que -en cambio- la Institución de DDHH investiga de modo “informal” y “sumario” ignorando -el legislador que la creó- que las formas procesales no son un ritual superfluo sino que, en su mayoría, existen para otorgar garantías y seguridad jurídica a los involucrados.

Pero, la investigación de la Institución tiene -además- carácter “reservado”.

Eso -a su vez- va contra lo dispuesto en el art. 22 de la Carta, que prohíbe las “pesquisas secretas” y contra el art. 66 de la misma, que establece, con carácter general, el derecho al “debido proceso” como principio general del Estado de Derecho.

3) Igualmente, en otra violación a los Derechos Fundamentales, el artículo 21 de la ley establece que las “personas denunciadas o involucradas en la denuncia no podrán defenderse y aportar prueba en su descargo solamente cuando el Consejo Directivo de la Institución “lo estime pertinente”. Esto significa que su derecho de defensa depende de la decisión discrecional del órgano pesquisante. Si este no lo considera “pertinente”, no hay derecho de defensa del denunciado. (Segunda oración del inciso 1° del art. 21: “El Consejo Directivo de la INDDHH estará facultado además, si lo estima pertinente, para comunicarse e informar el motivo de su intervención a las personas denunciadas o involucradas en la denuncia, quienes con asistencia letrada obligatoria, podrán efectuar descargos, aportar pruebas y articular defensas.)

4) Para culminar con tan grosera vulneración de Derechos Fundamentales, la resolución, sea esta condenatoria o absolutoria de los investigados, se adoptará, como establece el artículo 31 de la ley, en base a “elementos de convicción suficiente”, lo que -en buen romance- significa que no es necesario obtener “plena prueba” de los hechos para condenar a alguien, sino que basta con lo que el constituyente llama “semiplena prueba”, en el artículo 15 de la Constitución.

5) Pero hay más, pues en realidad, sería absurdo requerir del juzgador el reclutamiento de plena prueba para decidir una condena, pues la propia ley se encarga de corromper la prueba. En efecto, el artículo 34 de la ley establece lo siguiente: “(Protección a los denunciantes).- Ninguna autoridad ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción alguna contra una persona u organización por haber comunicado a la INDDHH cualquier información, resulte verdadera o falsa, y ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de ningún tipo por este motivo”.

Adviértase que en un juicio ante el Poder Judicial o el T.C.A., los testigos declaran bajo juramento de decir la verdad y, si se demostrara que mintieron, pueden ser sancionados penalmente.

Ello le permite al Juez de la causa pensar que, razonablemente, los testigos (lo que incluye a los denunciantes), serán veraces ante el riesgo de ser sancionados por falso testimonio o aun por simulación de delito, en caso de mentir.

En cambio, en el caso de la denuncia ante la Institución, por violaciones -nada menos- que de Derechos Humanos, como resulta que quien aporta los hechos a ese proceso -que para colmo es informal, sumario y reservado- no tiene ningún riesgo si miente o fabula, pues la ley lo declara absolutamente inmune ante cualquier intento de sanción de parte de “ninguna autoridad”, no es esperable que la prueba aportada sea creíble.

En puridad, se fomentan las denuncias falsas.

f) En suma, se trata de un procedimiento sin elementales garantías, una resolución adoptada por convicción, lograda a través de aportes probatorios nada confiables, que expone a los pesquisados en secreto, al escarche o escarnio público como sanción.

Lamentablemente, puede advertirse que esta innovación legislativa traiciona principios generales, como el de Separación de Poderes y las garantías del Estado de Derecho, que por algo tienen varios siglos de prestigiosa vigencia y validez.

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