Algunas encuestas recientes sugieren que el presidente Santos podría perder el plebiscito impulsado para la refrendación del acuerdo de paz que su gobierno está negociando con las FARC.

Algunas encuestas recientes sugieren que el presidente Santos podría perder el plebiscito impulsado para la refrendación del acuerdo de paz que su gobierno está negociando con las FARC.

Si eso ocurriera, sería en buena medida debido a la campaña del expresidente Álvaro Uribe, quien se ha convertido en el más acérrimo crítico del proceso de paz y ha argumentado -entre otras cosas- que el acuerdo no garantizará justicia para las víctimas de crímenes atroces cometido s por las guerrillas. Esta situación es lamentable. Primero, porque Uribe tiene algo de razón: el acuerdo permitirá que comandantes de las FARC eludan su responsabilidad por las numerosas atrocidades que cometieron. Pero, además, porque -dado su récord en derechos humanos- Uribe probablemente sea la persona menos indicada para defender la causa de la justicia en Colombia.

Miles de víctimas han sufrido los abusos sistemáticos de las FARC. Su líder, alias “Timochenko”, ha sido condenado en al menos 10 casos por delitos que incluyen el reclutamiento de niños, atentados terroristas, secuestros y homicidios. El acuerdo permitiría que “Timochenko” y los suyos eviten cumplir siquiera un solo día en prisión, si confiesan los crímenes de guerra en los cuales estuvieron implicados. Estarían sujetos a restricciones mínimas y breves, de ciertos derechos mientras participan en proyectos a la comunidad.

Además, el acuerdo contiene una definición de “responsabilidad de mando”, que podría utilizarse indebidamente para permitir que comandantes de las FARC eludan cualquier responsabilidad por los crímenes cometidos por los subalternos bajo su control.

Sin embargo, cuando es Uribe quien supuestamente defiende los derechos de las víctimas, toda crítica a este deficiente acuerdo se expone a ser desestimada. Al fin y al cabo, durante su gobierno (2002-2010), brigadas del Ejército asesinaron de manera sistemática a civiles para reportarlos como enemigos muertos en combate, en lo que se ha conocido como casos de “falsos positivos”. Como senador, Uribe recientemente presentó un proyecto de ley que hubiera permitido liberar anticipadamente a miembros del Ejército condenados por estos delitos.

Como presidente, Uribe también negoció un acuerdo de “paz” con los líderes de organizaciones paramilitares responsables de atrocidades masivas que, de no ser por la intervención de la Corte Constitucional, habría garantizado su plena impunidad. Ese acuerdo se parecía en aspectos clave al que ha negociado el actual gobierno con las FARC. El cual también favorecerá la impunidad de miembros de la fuerza pública, incluidos muchos de los responsables de casos de “falsos positivos”.

Cuando el presidente Santos asumió en 2010, muchos temieron que su gobierno continuaría el deterioro del estado de derecho que había impulsado el gobierno de Uribe. Santos se había desempeñado como ministro de Defensa de Uribe. Sin embargo, Santos se distanció de Uribe, y rechazó muchas de las políticas más cuestionables de su predecesor, incluido su manifiesto desprecio por la independencia judicial.

Pero a menos que Santos corrija las más graves deficiencias del acuerdo con las FARC, pasará a la historia como el presidente que hizo posible lo que Uribe intentó pero no logró: legitimar la impuni- dad de las mayores atrocidades cometidas en Colombia mediante una creativa fachada de justicia.