Jorge Grünberg
Jorge Grünberg

La nueva agenda universitaria

Todo cambio de gobierno implica la elaboración de nuevas agendas en las áreas más importantes para el país.

El desarrollo del sistema universitario es uno de nuestros mayores desafíos ya que en la era del conocimiento, la prosperidad depende de la capacidad tecnológica, científica y empresarial de los países.

Nuestro sistema universitario cambió mucho desde el retorno a la democracia. Creció la cantidad de alumnos, aumentó la cantidad de universidades, se diversificaron las opciones de carreras y posgrados, y se expandieron las opciones educativas fuera de Montevideo. Estos son cambios importantes, pero la competitividad de nuestro país en el siglo 21 impone nuevas exigencias al sistema universitario.

Uno de los primeros objetivos de una nueva agenda debe ser aumentar la cantidad de graduados universitarios. Actualmente menos de 15% de los uruguayos tienen títulos universitarios. Esta proporción es menos de la mitad de la media de países desarrollados y menos de la tercera parte de países como Corea del Sur, Israel o Singapur, que se han desarrollado aceleradamente en los últimos años. No es posible competir en la nueva sociedad del conocimiento sin una población altamente educada. En los próximos años un título universitario será cada vez más necesario para que un ciudadano pueda tener una vida productiva plena en el marco de los permanentes cambios tecnológicos y la automatización.

Debemos aumentar las oportunidades de más uruguayos de graduarse como universitarios y que esas oportunidades sean más equitativas. Actualmente son muy pocos los uruguayos de familias de bajos ingresos que culminan bachillerato, aún menos los que inician carreras universitarias y muchos menos los que se gradúan. Nuestro país gasta cientos de millones de dólares en financiar educación universitaria pero ese gasto no ayuda a muchos de los que más lo necesitan. Miles de jóvenes no pueden graduarse ni siquiera en las universidades públicas ya que no tienen ingresos suficientes para financiar su alimentación, vivienda, transporte, materiales de estudio o estudios complementarios durante sus estudios. Debemos revisar nuestros sistemas de financiamiento educativo para que aquellos estudiantes que lo necesiten reciban ayuda total o parcial para que pueden estudiar en la universidad que elijan. El Fonasa y el Fondo Nacional de Recursos que permiten a los ciudadanos acceder a la institución médica de su mayor conveniencia independientemente de sus ingresos económicos, son ejemplos de mecanismos capaces de mejorar la equidad en el acceso a la educación universitaria. Esto no implica gastar más sino gastar lo mismo o menos pero con mayor justicia social.

Otro objetivo importante de una nueva agenda universitaria debería ser la convergencia de los múltiples sistemas de educación superior que coexisten en nuestro país. Existe un ordenamiento jurídico para las universidades públicas (Udelar y UTEC), otro para las universidades privadas y otro distinto para la formación docente de ANEP (así como para otras formas de educación superior pública como los niveles terciarios de UTU).

Esta multiplicidad de reglamentaciones perjudica la colaboración académica y la percepción internacional de los títulos uruguayos. En el exterior es difícil de explicar por ejemplo que las maestrías de universidades privadas tienen una duración mínima de dos años, pero que las de las universidades públicas pueden tener una duración inferior o que un profesor graduado del Instituto de Profesores Artigas no es un graduado universitario. Algunas instituciones tienen autonomía y otras no la tienen, algunas pueden expedir títulos universitarios y otras no, algunas pueden ser contratadas directamente para realizar investigaciones y otras no, algunas pueden recibir donaciones con importantes incentivos fiscales y otras no. Estas diferencias no se basan en criterios académicos ni en la capacidad científica de las instituciones.

Otro importante objetivo es promover el funcionamiento del sistema universitario como una red colaborativa. Actualmente existen colaboraciones académicas valiosas entre grupos de investigación pero son casos puntuales. Ninguna universidad uruguaya tiene los recursos como para lograr por sí misma un destaque internacional. Sin embargo si las universidades y los centros de investigación como el Clemente Estable, el Instituto Pasteur y el INIA, entre otros, funcionaran de forma más colaborativa e integrada entre sí y con el sistema empresarial, podríamos tener una mayor competitividad en la formación y producción de conocimiento. Debería ser un objetivo de política pública fomentar la colaboración entre las instituciones, por ejemplo facilitando que los estudiantes puedan cursar materias de una carrera o posgrado en distintas universidades, compartiendo recursos académicos como bibliotecas o laboratorios y apoyando preferentemente proyectos conjuntos entre varias instituciones para la compra de equipamiento, la contratación de largo plazo de expertos internacionales u otras iniciativas. La ANII ha realizado esfuerzos valiosos a este respecto que deben extenderse y profundizarse.

Crear un marco jurídico integrado para las instituciones universitarias y promover el aseguramiento de la calidad académica y la colaboración sistemática entre las universidades, los centros de investigación y las empresas constituiría un gran paso adelante en el fortalecimiento de nuestra capacidad de formar mejor a más uruguayos y producir más y mejor conocimiento.

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