Recientemente distintos economistas han discutido sobre las perspectivas de futuro de nuestro país. Algunos advierten que por factores externos (disminución de precios de materias primas, aumento de las tasas de interés en los países desarrollados) o internos (déficit fiscal, escasa inversión en infraestructura) podríamos enfrentar una recesión o una crisis. Otros economistas afirman que nuestra situación económica actual es la mejor en décadas y que no hay razón de alarma.

Recientemente distintos economistas han discutido sobre las perspectivas de futuro de nuestro país. Algunos advierten que por factores externos (disminución de precios de materias primas, aumento de las tasas de interés en los países desarrollados) o internos (déficit fiscal, escasa inversión en infraestructura) podríamos enfrentar una recesión o una crisis. Otros economistas afirman que nuestra situación económica actual es la mejor en décadas y que no hay razón de alarma.

Más allá de las consideraciones técnicas manejadas por los especialistas, el factor común es que la percepción de amenaza surge únicamente de los indicadores económicos. A pesar del énfasis discursivo en lo “social”, nuestra cultura parece haberse vuelto tan economicista que no percibimos amenazas a menos que se reflejen en los indicadores económicos canónicos: inflación, déficit fiscal, producto bruto, desempleo. Por eso la crisis de 2002 fue visible para todos. Lo que se llamó “deuda social” se intentó resolver transfiriendo dinero desde los hogares de mayores recursos a los de menores recursos. Pero esto demuestra una incomprensión del aspecto esencial de la desigualdad. La desigualdad más trascendente no es la de ingresos sino la de oportunidades. Transferir ingresos alivia temporalmente la primera pero no resuelve la segunda. La desigualdad de oportunidades (la verdadera “deuda social”) solo se puede mejorar en forma efectiva y sostenible a través de la educación.

Nuestro país está en una crisis que no se refleja en los indicadores económicos, pero que debería concitar nuestra atención y definir nuestras prioridades. Esta crisis “cívica” se refleja en la imposibilidad de la gran mayoría de los jóvenes uruguayos de obtener una cantidad y calidad de educación que les permita tener una posibilidad real de éxito en la economía del siglo XXI, que es la economía del conocimiento. La gran mayoría de los jóvenes de nuestro país no puede culminar Secundaria y mucho menos una carrera universitaria (solo 10% tiene un título universitario). Entre los pocos que culminan carreras universitarias hay muy pocos que provienen de los hogares más pobres (menos del 1%). Adicionalmente, los que culminan el bachillerato obtienen una educación de calidad insuficiente para los requerimientos de una sociedad globalizada y tecnificada.

Los miles de jóvenes que se autoexcluyen del sistema educativo, del mercado laboral o de ambos (12% de los jóvenes ni trabaja ni estudia), la baja calidad de la educación que reciben los que permanecen y las carencias del sistema educativo en cultivar destrezas esenciales para la modernidad como la comunicación (que implica al menos redactar correctamente en nuestro propio idioma), la multiculturalidad (especialmente el fracaso en enseñar el idioma inglés) y la actitud emprendedora (evidenciado en el muy reducido número de empresas innovadoras que se crean en nuestro país), deberían ser considerados con la misma alarma que la inflación, o el desempleo.

Estos indicadores educativos están estancados o se han deteriorado desde que comenzó el siglo XXI (Uruguay es de los pocos países de América Latina en que la cantidad de años de educación de la población se redujo después del 2000, la calidad del aprendizaje en Secundaria descendió entre 2003 y 2012 según los resultados de las pruebas PISA, la cantidad de alumnos de los hogares más pobres que accede a la universidad no supera 2% desde 2000).

Esta crisis “cívica” debería ser objeto de intenso reclamo por parte de la sociedad civil. La gravedad de esta crisis radica en que estos niveles de aprendizaje no permitirán a los ciudadanos progresar en la sociedad del conocimiento, que está influenciada por dos fuerzas de las cuales nuestro país, al igual que ningún otro, no puede escapar: la globalización y la tecnificación.

La globalización implica que no existe ningún refugio seguro para la producción. Casi cualquier trabajo que desempeñemos puede ser sustituido por personas más educadas o más eficientes desde el otro lado del mundo. La tecnificación implica que cada vez más ocupaciones o profesiones pueden ser automatizadas. Muchos de los puestos de trabajos actuales desaparecerán porque serán automatizados. Los avances en inteligencia artificial, robótica, visión computarizada y otros tecnologías permitirán reemplazar trabajadores humanos por tecnologías. Los trabajos que seguirán existiendo serán los que requieren iniciativa, intuición, creatividad y actitud emprendedora. Cada vez más las personas deberán desarrollar emprendimientos propios para progresar.

La combinación de estas dos fuerzas lleva a que la posibilidad de progreso de una persona en el futuro será una carrera constante entre la educación y la tecnología. Los ciudadanos o sociedades que no logren acumular suficiente cantidad y calidad de educación para adelantarse al desarrollo tecnológico, sufrirán reducciones de remuneración y desempleo. La aceleración del desarrollo tecnológico llevará a que en poco tiempo una carrera universitaria será el mínimo de educación requerido para poder subsistir en el mercado laboral. Dentro de algunos años culminar un postgrado universitario será el nuevo mínimo educativo necesario. Todos nuestros indicadores educativos muestran que nuestro país tiene un grave retraso para enfrentar este futuro inminente. Esta es la crisis real a enfrentar.