Las políticas que se implementan no son suficientes para cerrar la brecha y estabilizar los principales factores del bienestar y el progreso: la creación de riqueza, el empleo, el acceso universal a las oportunidades que se crean. Aumentando impuestos a empresas y trabajadores que están en su peor momento ni se favorece la inversión, ni se combate la inflación ni se eleva la masa salarial.

Las políticas que se implementan no son suficientes para cerrar la brecha y estabilizar los principales factores del bienestar y el progreso: la creación de riqueza, el empleo, el acceso universal a las oportunidades que se crean. Aumentando impuestos a empresas y trabajadores que están en su peor momento ni se favorece la inversión, ni se combate la inflación ni se eleva la masa salarial.

Durante el auge económico, lo correcto hubiera sido comprimir el gasto de baja productividad y sustituirlo por inversiones capaces de aumentar sostenida y significativamente la productividad. Hoy lloramos sobre la leche derramada. Buena parte del espectro político coincidía respecto de la prioridad de la inversión en infraestructura, en educación y en acceso a mercados aunque el gobierno destinaba la riqueza a alentar la burocracia. Ya no hay tiempo de de-sandar los errores que confiábamos serían aprendidos.

Tenemos bien entendida la amenaza que acecha a un país extremadamente vulnerable que no ha desarrollado la capacidad para negociar mejores condiciones con el resto del mundo. Tomamos precios de lo que vendemos -cuando cobramos- y de lo que compramos. Arrastramos limitaciones en el acceso a mercados, mantenemos escasos incentivos para innovar e invertir y especialmente no hemos progresado en el mejoramiento del capital humano, la clave para reducir las desigualdades sociales. Nuestras empresas son predominantemente de escala pequeña y el acceso a la innovación, al conocimiento, a la experiencia, a la gestión y a la ciencia es desproporcionadamente caro. Es llamativa la coincidencia del interés de UPM en una coyuntura de particular debilidad para el país, cuando crece lo que los gobernantes estarían dispuestos a conceder. La negociación comienza con la imposición de condiciones -infraestructura, zonas francas, exoneración fiscal- las cuales se conceden amistosamente. Las empresas nacionales que exportan mucho más que celulosa miran con envidia hasta qué punto se las ha maltratado en las inversiones de infraestructura o de creación de capital humano o en las políticas fiscales o en su exclusión de beneficios de zona franca.

El tratamiento es muy asimétrico y entre los sectores del gobierno, los sindicatos y quienes se cobijan bajo el rótulo de progresistas se manifiesta un apoyo unánime y lleno de simpatía hacia la gran empresa extranjera. Algo parecido pasó en otros momentos con las plantas de celulosa, la minería de gran porte o la búsqueda de petróleo. Una pasividad dependiente de la iniciativa, la toma de riesgos y el espíritu emprendedor de los visitantes.

La inversión extranjera es bienvenida. Lo que resulta inaceptable es que las reglas de juego para la inversión extranjera, -de gran escala y quasi monopólica- sean mucho más favorables que para las empresas nacionales, generalmente pequeñas o medianas y con menores capacidades y oportunidades para ser competitivas. Especialmente por la ausencia de las condiciones que debería proporcionar el estado.

Afortunadamente atravesamos un inesperado mejoramiento del contexto externo. Desafortunadamente, cualquier holgura será destinada al intento de recuperar la historia del gobierno anterior. Todo en contra de la productividad y la competitividad.