JAVIER GARCIA

El ministro del Interior por sí o en representación del gobierno pasó todos los límites. Ya no sólo estamos frente a la inoperancia y falta de aptitud para enfrentar la crisis de seguridad que asuela al Uruguay, sino a la acción premeditada de obstaculizar la acción de la Justicia.

A ver si nos entendemos. Cualquiera sea el signo político o ideológico del gobierno las garantías individuales son custodiadas por el derecho y, ante eventuales violaciones, tienen en el Poder Judicial independiente su amparo.

Esto antes que nada es la tranquilidad del ciudadano común que sabe que podrán gustarle o no las decisiones administrativas o políticas del gobernante, pero su tranquilidad reside en que por más encumbrado que sea el jerarca tiene un límite que es la ley.

La dictadura en Uruguay quiso simbolizar desde su inicio lo que representaba, y para ello dejó en claro que a partir de ese momento las decisiones judiciales quedaban sujetas a la voluntad del coronel de turno y la administración de la misma fue una parodia del más triste de los recuerdos. Un jefe cuartelero o un ministro de la dictadura podían decidir sobre un expediente judicial sin ningún límite. ¿Por qué se instaló el miedo en Uruguay? Porque el poder usurpado no tenía límites.

En esos tiempos desde un divorcio a un litigio laboral, para no referirnos a los tristes y repugnantes juicios sumarios por "delitos" contra el Estado, todo quedó en manos de la decisión de un Poder Ejecutivo ilegítimo. El Estado de Derecho puede violentarse desde la derecha o desde la izquierda, o por los dos lados al mismo tiempo.

Desgraciadamente lo actuado por el ministro Díaz desobedeciendo el mandato de la jueza es de una gravedad institucional inmensa. El argumento de que no había tiempo en tres días para organizar un operativo policial que garantizara la decisión judicial de retiro de maquinaria en una fábrica, fue la excusa para violar la sentencia del magistrado y con ello la Constitución.

Se dice que la jueza "pidió" pero "no exigió" el auxilio policial para hacer efectiva su decisión. ¿Pero en que régimen estamos donde un juez tiene que "exigir" al Poder Ejecutivo que cumpla con la ley y con sus mandatos?

El gobierno está supeditado en materia de relaciones laborales y aplicación de la ley a lo que decida el Pit-Cnt. Ha llegado entonces al gravísimo antecedente de que cede su mandato de auxiliar de la justicia si se lo pide un sindicato. Esto es así y por lo tanto la consecuencia inexorable es que se quebró, en esa circunstancia, el Estado de Derecho.

Su autor fue el ministro Díaz, que le anunció a la Suprema Corte de Justicia que no iba a acatar la orden de una jueza. Póngale el argumento que quiera pero eso fue lo que pasó. Tan así es que horas antes en un programa televisivo un dirigente gremial le dijo al diputado Pablo Iturralde que entre una decisión judicial y la de una asamblea sindical optaba por esta última. Y no andaba errado, porque eso fue lo que obligaron a hacer al ministro de Interior, obedecer la asamblea, y el jerarca obedeció y quebró la ley.

El Partido Nacional, por boca de su presidente el senador Larrañaga, reaccionó como corresponde. Exigió que se restablezca el orden jurídico, y que quien lo violó desde el gobierno se vaya.

Hasta la semana pasada Díaz era incapaz de brindar seguridad a los uruguayos, en las cárceles que él administra descuartizan presos y ahora se subleva a la justicia.

Sólo los tornillos del asiento pueden sostener su gestión.

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Lo actuado por el ministro Díaz desobedeciendo el mandato de la jueza es de una gravedad institucional inmensa.

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