En el conflicto con la producción, el presidente reclamó institucionalidad. "Si no, es el caos", dijo. Está bien que lo reclame, y que lo ejerza.

El artículo 168 de la Constitución de la República detalla las competencias del mandatario actuando con el Consejo de Ministros o ministros respectivos. En su numeral quinto lo obliga a "informar al Poder Legislativo, al inaugurarse las sesiones ordinarias, sobre el estado de la República y las mejoras y reformas que considere dignas de su atención". El 1º de marzo Vázquez tiene la oportunidad de demostrar si su reclamo de institucionalidad abarca su relación con la institución más representativa y republicana del país: el Parlamento. En la situación que nos encontramos, de incertidumbres y fuertes reclamos en lo nacional, de estancamiento en materia de relaciones internacionales, de cuestionamientos de la opinión pública al sistema político, qué mejor gesto institucionalista que comparecer en el Parlamento a dar un mensaje sobre el estado de la Nación y cómo proyecta el rumbo para sus últimos dos años. Presidente y Parlamento en diálogo institucional.

Vázquez se caracterizó por una forma de gobierno sin contacto con la oposición. Se recluyó en su partido y su interna y allí negoció y cedió espacios de gestión como en la política internacional que fue depositada en el Plenario del FA, quien hundió el TISA, y tiene hundido el TLC con Chile y decide el apoyo a Maduro, Lula y todo el sublema bolivariano. Eso no es institucional, sin duda.

Este año, además, será la última Rendición de Cuentas, no habrá presupuesto hasta 2021. Por lo tanto será una rendición de transición entre este gobierno y el próximo. La Nación es plural. Su presente y "las mejoras y reformas" que proyecta el presidente, sobre las que la Constitución le obliga a informar, tiene en el Parlamento su mejor ámbito. Un gesto institucional, de un presidente que se lo exige a los demás, es someterse civilizadamente a cumplir con el precepto constitucional citado, compareciendo personalmente en la Asamblea General, como lo hizo en su momento el expresidente Lacalle en el gobierno del Partido Nacional. No está obligado, pero nada se lo impide. Tendrá la oportunidad, también, de hacer lo que hasta ahora no hizo: escuchar a los partidos políticos sobre el estado de la Nación. No será menos presidente por escuchar, al contrario, y se dará un mensaje político muy potente. Las expectativas económicas en un contexto de desafíos nacionales y regionales, la educación, el empleo, en fin, "las mejoras y reformas que considere dignas de su atención" como dice nuestra Constitución. Hasta ahora Vázquez se redujo a cumplir el precepto mandando protocolares carpetas. Sería un gran gesto institucional que el presidente en persona afronte el liderazgo y comparezca a dar su visión para el último tercio de su gobierno. Ese Uruguay democrático y tolerante del que muchas veces nos jactamos, pero que se pierde a pasos agigantados, ¿no encontraría un respaldo republicano en un presidente que escucha a los partidos políticos?

La Constitución se lo permite, hacerlo en persona es una decisión política. Es un gesto democrático de la mayor calidad y fuerza en estos momentos. Si no lo hace no será el caos que les advirtió a los productores. Pero sería de una gran "institucionalidad". Eso era lo que dijo que había que defender, ¿no?